El Gobierno defiende la regularización por su impacto económico

El Gobierno defiende que la regularización de migrantes es “positiva” para la economía y recuerda que cada persona aporta hasta 4.400 euros al año

El Gobierno defendió este viernes que la regularización extraordinaria de personas migrantes tendrá un impacto “positivo” en la economía española, destacando que cada persona regularizada puede aportar hasta 4.400 euros anuales en concepto de IRPF y cotizaciones sociales. Según explicó La Moncloa a través de sus canales oficiales, la medida permitirá incorporar a miles de trabajadores a un mercado laboral que actualmente registra 156.000 vacantes sin cubrir.

El Ejecutivo subrayó que la regularización no solo responde a criterios de justicia social, sino también a necesidades económicas y laborales. En su mensaje, recordó que desde 2023 se han registrado más de 100.000 nuevas afiliaciones a la Seguridad Social vinculadas a población migrante, y que este colectivo representa ya el 46% de los contratos indefinidos a tiempo completo firmados en España.

Una medida con impacto directo en el mercado laboral

El Gobierno sostiene que la regularización extraordinaria permitirá dar respuesta a sectores que sufren escasez de mano de obra, especialmente en actividades como la agricultura, la hostelería, los cuidados, la construcción y determinados servicios esenciales. La Moncloa insistió en que la incorporación de estas personas al mercado laboral formal contribuirá a reducir la economía sumergida, aumentar la recaudación y mejorar la estabilidad de sectores estratégicos.

Según los datos difundidos, la aportación media de 4.400 euros por persona regularizada se calcula sumando las contribuciones al IRPF y a la Seguridad Social, lo que, en conjunto, supondría un incremento significativo de ingresos públicos. El Ejecutivo defiende que esta medida es coherente con las políticas de empleo y cohesión social impulsadas en los últimos años.

El Tribunal Supremo estudia la suspensión cautelar

La defensa pública del Gobierno coincidió con la celebración, este mismo viernes, de una vista en el Tribunal Supremo (TS) para analizar si procede suspender de forma cautelar la regularización, tal y como solicitaron las organizaciones Hazte Oír y la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo estudia los argumentos presentados por ambas entidades, que piden paralizar la medida mientras se resuelve el fondo del asunto. No obstante, el Supremo ya rechazó en abril aplicar una suspensión cautelarísima por la vía de urgencia, al considerar que no se daban los requisitos necesarios para adoptar una medida tan excepcional.

La vista actual permitirá al alto tribunal valorar si existen motivos suficientes para detener temporalmente la regularización mientras continúa el proceso judicial. Hasta que el Supremo se pronuncie, la medida sigue vigente.

Un debate político, social y económico de primer nivel

La regularización extraordinaria ha generado un amplio debate en el ámbito político y social. Sus defensores argumentan que permitirá ordenar la situación administrativa de miles de personas que ya viven y trabajan en España, mejorar su integración y reforzar sectores productivos que necesitan mano de obra. También destacan que la medida puede contribuir a combatir la explotación laboral y a garantizar derechos básicos.

Por otro lado, sus detractores cuestionan la oportunidad de la regularización y han recurrido a los tribunales para intentar frenarla. El Gobierno, sin embargo, insiste en que la medida es legal, necesaria y beneficiosa para el país, y recuerda que España ya ha llevado a cabo procesos similares en otras etapas con resultados positivos.

Un impacto económico que el Ejecutivo considera clave

La Moncloa concluyó su mensaje destacando que la regularización extraordinaria es una herramienta para fortalecer el mercado laboral, mejorar la recaudación y responder a las necesidades reales de la economía española. Con miles de vacantes sin cubrir y una creciente demanda de trabajadores en sectores esenciales, el Ejecutivo considera que la incorporación plena de estas personas es una oportunidad para avanzar en cohesión social y competitividad.

Fuente Servimedia

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