El Congreso aprueba la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia

El Pleno del Congreso aprobó este martes, con la abstención del PP y el voto en contra de Vox, la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia, que ahora pasará al Senado, donde los populares están dispuestos a negociar para introducir mejoras en la norma.

La reforma recibió 179 votos a favor (del PSOE, Sumar y las formaciones nacionalistas), 33 en contra y 137 abstenciones, las de los diputados del PP.

Lo aprobado por el Pleno del Congreso es un proyecto de ley que modifica, en primer lugar, el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. También cambia la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, para la extensión y refuerzo de los derechos de las personas con discapacidad a la inclusión, la autonomía y la accesibilidad universal conforme al artículo 49 de la Constitución Española.

Esta reforma pasará ahora al Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta y puede introducir cambios. En ese caso, la norma debería regresar al Congreso para su aprobación definitiva.

«MEJORAR» LOS CAMBIOS

En el debate de este martes en el Congreso, el PP, antes de abstenerse en la votación, tendió la mano al Gobierno para «mejorar» en el Senado la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, mientras Vox votó en contra.

Fuentes de la formación popular precisaron que han votado «sí a las personas en situación de dependencia y a sus familias», pero utilizarán su mayoría absoluta en el Senado para «mejorar la ley y garantizar», con sus enmiendas, «la protección de todas estas personas y sus cuidadores con unos presupuestos claros y rigurosos».

«Tendrá que ser el Gobierno el que se retrate: o está solo en el titular o se suma a la política realista del PP, enfocada a proteger a quienes más lo necesitan», deslizaron.

Desde la tribuna, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, defendió que se trata de “la mayor reforma social en nuestro país en lo que va de siglo”, convencido de que supone “una revolución y una transformación profunda” del sistema público de cuidados y que responde “a las necesidades tanto de las personas que reciben cuidados como de quienes cuidan”.

«REFORMA INTEGRAL»

El departamento de Bustinduy destaca que se trata de una «reforma integral” que implica la “refundación” del modelo de cuidados en España. Esto sería así porque “blinda” la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, incorporando en la ley la “obligación” de que la Administración General del Estado asuma el 50% de la inversión.

A este respecto, el Gobierno resalta que la eliminación del régimen de incompatibilidades, que la asistencia personal se amplía y regula como servicio del catálogo, la ampliación del concepto de cuidadoras y consigna la teleasistencia como derecho subjetivo.

Además, garantiza por ley que la Administración General del Estado abone las cotizaciones de las cuidadoras principales, así como la continuidad de los cuidados en caso de enfermedad grave u hospitalización de estas cuidadoras.

A su vez, el plazo habilitado al Gobierno de cada región para resolver una prestación por dependencia se reduce a la mitad y pasa de seis meses a tres meses.

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

Con relación a la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, se reconocerá automáticamente un 33% de discapacidad a aquellas personas a las que se les asigne un grado I de dependencia, y a las que obtengan un grado II o III podrán ser reconocidas con el 65% de discapacidad.

En paralelo, se reconoce la accesibilidad universal como un derecho, de forma que las personas con discapacidad podrán reclamar la accesibilidad en servicios o en edificios que sean públicos. Para ello, se creará, además, un Programa Estatal de Promoción de la Accesibilidad Universal que financiará las intervenciones que sean necesarias.

Se modifica la Ley de Propiedad Horizontal para que las administraciones públicas tengan que ayudar económicamente a hacer obras de accesibilidad en edificios de viviendas y para que las comunidades de propietarios tengan que solicitar estas ayudas si alguna de las personas residentes así lo solicita.

VIVIENDAS ACCESIBLES

Además, se facilitan los requisitos para acceder a estas ayudas, rebajando del 75% al 70% el porcentaje de financiación de la obra a pagar por la comunidad de propietarios. Actualmente, se estima que en España hay 100.000 personas que no pueden salir de sus casas porque sus viviendas no son accesibles.

La reforma fija por ley que la atención temprana es un derecho subjetivo para garantizar que los Gobiernos autonómicos atiendan a todos aquellos niños y niñas (de 0 a 6 años) que presenten trastornos en el desarrollo o tengan riesgo de desarrollarlo.

Junto a ello, se prohíbe por ley una práctica que llevan a cabo algunos seguros de hogar o de salud: subir el precio cuando la persona que quiere contratarlos tiene una discapacidad.

También se regula la figura de un facilitador procesal que evitará situaciones de indefensión en los procesos judiciales de personas con dificultades. Esta figura será un puente entre los operadores jurídicos y esas personas.

«RECONOCIMIENTO» AL MOVIMIENTO SOCIAL

Durante el debate del texto, por el PSOE, Margarita Martín aseveró que el texto trata de “derechos que se convierten en vida cotidiana y dignidad” e hizo un “reconocimiento” al movimiento social de la discapacidad y la dependencia.

“No habríamos llegado hasta aquí sin ellas”, admitió, consciente de que “han mantenido viva la reivindicación durante años y han empujado cuando parecía que los avances eran demasiado lentos”.

En el mismo sentido, por Sumar, Júlia Boada, aseveró que “hoy nos toca dar una zancada de gigantes, pasar de un sistema caduco a otro que desinstitucionaliza los cuidados y apoyos”.

En el extremo opuesto, por el PP, Enrique Belda no concretó el sentido de su voto, pero tendió la mano de su grupo al Ejecutivo con el objetivo de «mejorar» el texto en el Senado e insistió en que el texto “incorpora nuevas obligaciones permanentes sin presentar previamente una memoria económica rigurosa, sin cuantificar su impacto real sobre las comunidades autónomas y sin acreditar su sostenibilidad a medio y largo plazo”.

Además, alertó de que el Gobierno “será responsable de lo que pase con las nuevas prestaciones a partir del año que viene”, convencido de que “el problema” no son los derechos que consigna, sino “de dónde, el cómo y el hasta cuándo”.

En la misma línea, desde Vox, Juan José Aizcorbe se mostró “preocupado” porque el proyecto “avance mucho más deprisa en la proclamación formal de derechos que la garantía efectiva de los recursos necesarios para hacerlo realidad” y denunció que “con respecto a los favorecidos por este proyecto de ley se reconocen los beneficios a todos aquellos solicitantes del derecho de asilo”.

RESTO DE GRUPOS

Por el BNG, Néstor Rego celebró que, “resultado de una demanda casi unánime” de fuerzas políticas y movimientos sociales, el texto recoge “de forma expresa” algo que llevaban “muchos años reclamando”, como es la financiación por parte del Estado de la financiación del sistema.

Asimismo, en representación de Podemos, Noemí Santana admitió que la ley no es “todo lo ambiciosa” que le habría “gustado” y pidió un reconocimiento económico de los cuidados para avanzar a una prestación “digna” para las cuidadoras principales.

Por último, desde el EAJ-PNV, que votó “favorablemente” la reforma tras incorporar “importantes mejoras”, delimitar el ámbito competencial y el “compromiso del Gobierno para la financiación”, Maribel Vaquero llamó a “situar los cuidados en el centro de las políticas públicas”; desde EH Bildu, Isabel Pozueta propuso la exención completa del copago en los cuidados residenciales y domiciliarios y aseveró que sin financiación “suficiente y estable” los derechos “quedan en papel”.

En nombre de Junts Pilar Calvo celebró que se hayan aceptado sus “líneas rojas” en cuanto al respeto competencial y la “corresponsabilidad económica equitativa” al 50% en la prestación de la dependencia y por ERC, Jordi Salvador afirmó que la ley “no tiene propietarios”, convencido de que “los derechos son el dictamen, el dinero el decreto y las medallas para la gente que hace 20 años que aguanta esta situación”.

FINANCIACIÓN

En el mismo Pleno, el Congreso convalidó también, por 317 votos a favor, incluido el del PP y 33 en contra, el real decreto-ley aprobado por el Gobierno para ampliar la financiación estatal de la dependencia, que será tramitado por el procedimiento de urgencia y que supone, según el ministerio, “el mayor incremento de la historia para el sistema, y que las comunidades autónomas vayan a recibir 6.200 millones de euros más entre 2026 y 2027”.

Se trata, según Bustinduy, de una nueva financiación que “es estructural”, porque modifica por ley las cuantías del nivel mínimo que la Administración General del Estado abona a las autonomías cada mes, duplicándolas, y porque permite “culminar” el “compromiso político” que el Gobierno de coalición se fijó para esta legislatura de que la inversión estatal en dependencia alcance el 50% del total.

“Una meta que, sumando esta ampliación en el nivel mínimo junto al reparto del nivel acordado, que se ha incrementado igualmente, se alcanzará entre 2026 y 2027 con esos 6.200 millones de euros adicionales que recibirán las comunidades autónomas”, señaló el ministerio, al tiempo que indicó que, en total, el Gobierno hará una aportación récord de 7.239,4 millones de euros a las CCAA en 2027, “el doble que la que hubo en 2025”.

La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, denunció, no obstante, que la “financiación estructural” de la dependencia que reivindica el Ejecutivo “seguirá dependiendo de la aprobación, año a año, de los Presupuestos Generales del Estado”, ámbito en el que, a su juicio, el Gobierno “tiene poca credibilidad”.

En este contexto, se preguntó por qué el Gobierno no ha aumentado “antes” la financiación para dependencia, “pese a que tienen una deuda de 20.000 millones de euros con las comunidades autónomas y son ellas las que aportan tres de cada cuatro euros”.