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Manifestación andaluza en Sevilla para Garantizar el poder adquisitivo de salarios y pensiones

Manifestación andaluza en Sevilla para Garantizar el poder adquisitivo de salarios y pensiones. Por lo público y por lo común. Contra los despidos. Sábado 12 de noviembre, 12h Plaza de la Encarnación (Las Setas), desde donde partirá la manifestación hasta llegar al Palacio de San Telmo. Los trabajadores en activo y pensionistas venimos sufriendo un

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Manifestación andaluza en Sevilla para Garantizar el poder adquisitivo de salarios y pensiones. Por lo público y por lo común. Contra los despidos. Sábado 12 de noviembre, 12h Plaza de la Encarnación (Las Setas), desde donde partirá la manifestación hasta llegar al Palacio de San Telmo.

Los trabajadores en activo y pensionistas venimos sufriendo un proceso continuo de pérdida de derechos sociales y de restricción de libertades desde hace tiempo. La pandemia ha mostrado el efecto de la degradación de los servicios públicos, reduciendo la capacidad de la ciudadanía para enfrentarse el COVID y, de nuevo, ha servido de excusa para despedazar y privatizar sectores enteros del estado del bienestar.

Ahora se pretende esgrimir la guerra como pretexto para nuevos sacrificios. Mientras se insiste que no hay recursos para proteger a la gente, para sanidad, educación o las pensiones, se pretende elevar el gasto militar del 1,2 al 2% del presupuesto público y se exonera de impuestos a las grandes fortunas.

Hemos visto que privatizar la provisión de derechos sociales como la sanidad, la educación o las residencias en forma de negocios privados y subcontrataciones, repercute en un claro empeoramiento de las prestaciones y una grave degradación de las condiciones de trabajo en esos sectores. Pero como el poder financiero es insaciable, ahora impone una Ley de Fomento de los Planes de Pensiones de Empresa, promovido por el Gobierno central con la complicidad de las direcciones sindicales de CCOO y UGT, para apoderarse y privatizar la gestión de las cotizaciones sociales destinadas a las pensiones públicas. ¡Hace falta ya una huelga general!

No solo estamos en una crisis sino ante un robo organizado para sustraer de los bolsillos de la gente sus rentas y engordar con ellas los beneficios de las empresas del IBEX 35, entre las que se encuentran los oligopolios financieros, de la energía y de las materias primas. La causa fundamental del incremento de los precios no son los salarios ni las pensiones, son quienes en régimen de monopolio fijan los precios para mantener e incrementar sus beneficios. En lo que va de 2022, además de lo perdido en 2021, (3% en el caso de las pensiones) la subida media de los salarios ha sido de un 2,4% y las pensiones un 2,5% mientras el IPC lo ha hecho en un 7,3% hasta octubre.

Es una crisis económica, ecológica y social proyectada con un escenario de guerras por la disputa de la hegemonía económica internacional con el desvío de cuantiosos recursos públicos para la industria militar y el ejército.

Además de la pérdida de libertades, despidos, aumento de la represión y el autoritarismo, se acentuará el reparto desigual de la riqueza mediante la creciente apropiación de recursos públicos por parte de los oligopolios financieros en detrimento de los recursos destinados a salarios, pensiones, gasto social y a un modelo de desarrollo social y medioambientalmente eficiente.

Desde las Marchas de la Dignidad / En Marcha por Andalucía llamamos a la movilización por el cumplimiento de la Carta Social Europea, ratificada por España y en vigor desde el 1 de junio de 2021, por garantizar el poder adquisitivo de salarios y pensiones, contra los despidos, contra los desahucios, por un salario y una pensión mínimos del 60% del salario medio, por el rechazo a la privatización del Sistema Público de Pensiones (SPP).

Por un medio rural vivo. También exigimos la realización de la auditoría de las cuentas de la Seguridad Social aprobada en la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, y todavía no realizada pese a que ya pasaron más de 6 meses desde que esa Ley fue aprobada, y ese era el plazo máximo para su realización, de acuerdo con el texto de la misma ley.

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