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Por la pandemia, Argentina lanza plan de reactivación para pequeñas empresas e impuesto a grandes fortunas

Actualidad 18 de noviembre de 2020 Juan Pablo Peralta Juan Pablo Peralta

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En el marco de una economía recesiva que el país sudamericano empezó a sufrir con la administración de Mauricio Macri y se potenció con la pandemia, la Cámara Baja del Parlamento local aprobó después de un largo debate un proyecto de ley denominado de "Aporte Solidario y Extraordinario" para aquellos patrimonios que superen los los 200 millones de pesos argentinos.
 
Con esta normativa que ahora cuenta con media sanción y ya fue enviada al Senado que encabeza la vicepresidenta, Cristina Kirchner,, el Gobierno del Frente de Todos, pretende recaudar unos de $300 mil millones para ser utilizados en materia social y sanitario, vinculados con la crisis generada por el Covid-19.

En este contexto, el presidente, Alberto Fernández, encabezó hoy el acto de lanzamiento de un Plan de Reactivación e Inclusión Financiera para PyMEs (Pequeñas y Medianas Empresas), por 57.500 millones de pesos, y que contará con cuatro líneas de financiamiento destinadas a la inversión productiva de proyectos de mediano y largo plazo para los sectores industrial, agroindustrial y de servicios.

 “Las pequeñas y medianas empresas son las que crean el trabajo en la Argentina y tenemos que promover que la producción crezca para que los argentinos lleven el sustento diario a su familia”, aseguró el Jefe de Estado desde la residencia de Olivos durante una videoconferencia que mantuvo con la empresa comercializadora de cintas aisladoras, TACSA, en el municipio de Hurlingham en la provincia de Buenos Aires.

El titular del Ejecutivo señaló que “Debemos buscar la mejor manera de vigorizar ese desarrollo económico en la Argentina”, y agregó que “en eso, el Estado debe estar muy presente porque vimos lo que pasó cuando todo quedó en manos de los mercados, lo que fue en detrimento del desarrollo de las pequeñas y medianas empresas y solo favoreció la acumulación de más ganancias por parte de los grandes monopolios y oligopolios”.

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas explicó que el plan incluirá créditos directos a través del Fondo de Desarrollo Productivo (FONDEP) y financiamiento de las bancas pública y privada, y garantizó que "queremos reconocer este esfuerzo conjunto de la producción y el trabajo de todos los sectores para poner a la Argentina de pie”. A su vez comunicó que todas las líneas contarán con tasas subsidiadas de entre el 18 y el 25 por ciento.

 El financiamiento será de un máximo de 15 millones de pesos por proyecto, y tendrá un plazo de hasta siete años con una tasa del 18 por ciento. Dichos créditos podrán ser destinados para la adquisición de bienes de capital nuevos, construcción e instalaciones, y serán respaldados por fondos de garantía.

La segunda línea contará con créditos de inversión productiva para pequeñas y medianas empresas para el financiamiento de la adquisición de bienes de capital y construcción, o para la ampliación de instalaciones, con hasta cinco años de plazo y seis meses de gracia. Las tasas estarán bonificadas durante los primeros 24 meses.

La financiación cubrirá hasta 70 millones de pesos por PyME, que contará con una tasa bonificada del 25 por ciento, a la que se podrán sumar otros porcentajes como el 1 por ciento en caso de que se cuente con más del 50 por ciento de la composición accionaria en manos de mujeres. 

La línea de inversión productiva para proyectos estratégicos estará destinada a MiPyMEs y grandes empresas, con un plazo de hasta siete años, para proyectos de ampliación de la capacidad exportadora y que generen empleo. Se financiarán hasta 250 millones por empresa, con una tasa del 22 por ciento y un período de gracia de hasta 12 meses.

La última línea, de desarrollo federal, será específica por provincia y tendrá como objetivo facilitar la adquisición de bienes de capital nacional, construcción y ampliación de instalaciones. Se destinarán 400 millones de pesos en cada caso, con un monto máximo por proyecto de hasta 20 millones, que tendrá un plazo de cinco años. Los créditos serán llevados adelante por las entidades bancarias que defina cada gobierno provincial.

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