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Greenpeace denuncia destrucción de selva amazónica por minería ilegal

Greenpeace denunció este martes que la minería ilegal de oro ha destruido 4.219 hectáreas (unos 4.000 campos de fútbol) de selva amazónica en Brasil durante los dos últimos años, concretamente en los territorios indígenas Yanomami, Munduruku, Kayapó y Sararé. Así se recoge en el informe ‘Oro tóxico’, basado en datos satélites entre 2023 y 2024.

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Greenpeace denunció este martes que la minería ilegal de oro ha destruido 4.219 hectáreas (unos 4.000 campos de fútbol) de selva amazónica en Brasil durante los dos últimos años, concretamente en los territorios indígenas Yanomami, Munduruku, Kayapó y Sararé.

Así se recoge en el informe ‘Oro tóxico’, basado en datos satélites entre 2023 y 2024. La investigación muestra que los esfuerzos del Gobierno de Brasil para combatir esta actividad destructiva no están produciendo una disminución, sino un cambio en los territorios indígenas afectados.

Así, mientras que las actividades mineras se redujeron en las tierras Yanomami, Munduruku y Kayapó (un 7%, 57% y 31% menos, respectivamente), el territorio Sararé experimentó un ascenso dramático, con un aumento de actividades de minería ilegal del 93%.

Informe Greenpeace

El informe sigue el camino del oro ilegal desde la Amazonía hasta los mercados mundiales. En 2024, los tres principales destinos de las exportaciones brasileñas de oro fueron Canadá, Suiza y Reino Unido, centros internacionales de refinado y comercio.

Suiza desempeña un papel especialmente importante, ya que es el mayor centro de comercio internacional de oro y la puerta de entrada de más de la mitad de las importaciones de oro de la UE, según el informe.

El estudio también señala discrepancias en los datos oficiales sobre el comercio de oro. Según la investigación, las importaciones suizas superaron las exportaciones declaradas por Brasil en un 67% en 2022 y en un 62% en 2023, lo que sugiere la existencia de importantes irregularidades.

“HAMBRE MUNDIAL DE ORO”

Greenpeace advierte de que es poco probable que la demanda mundial que impulsa la minería ilegal disminuya, pues el precio del oro aumentó un 44% el año pasado y muchos bancos centrales están declarando su intención de acumular reservas de oro.

«El hambre mundial de oro está destruyendo la vital selva amazónica con el objetivo de acaparar lingotes de oro que acumulan polvo en las bóvedas de los bancos. Esto debe cambiar. Los minoristas internacionales tienen que revelar sus cadenas de suministro y garantizar que el oro ilegal queda fuera del mercado», Harald Gross, responsable de la campaña sobre la minería ilegal en la Amazonía en Greenpeace Alemania.

La extracción ilegal de oro es una de las principales causas de pérdida de biodiversidad y tensiones sociales en Brasil, y afecta a las comunidades indígenas y otros grupos vulnerables.

La comunidad científica ha descubierto que el mercurio utilizado durante el proceso de extracción contamina la selva y los cursos de agua, lo que pone en peligro la vida salvaje y la salud humana.

Según Greenpeace, el Gobierno de Jair Bolsonaro debilitó deliberadamente los controles medioambientales en la Amazonía, lo que desencadenó una explosión de la exploración minera entre 2018 y 2022, con un aumento del 265% en la extracción ilegal de oro en tierras indígenas.

ESFUERZOS ACTUALES

Desde 2023, el actual Gobierno brasileño, dirigido por Lula da Silva, ha intensificado los esfuerzos de seguridad y vigilancia en áreas clave. Pero la investigación de Greenpeace Brasil muestra que la minería ilegal continúa adaptándose y extendiéndose por la selva.

Recientemente, el Tribunal Supremo Federal de Brasil resolvió cerrar una laguna legal que permitía a los compradores de oro aceptar el mineral sin tener que verificar su origen, lo que hacía posible que la minería ilegal -a menudo en territorios indígenas- floreciera sin control.

A partir de ahora, los compradores de oro deberán verificar la legalidad de sus compras y el Gobierno deberá aplicar una supervisión más estricta. Sin embargo, Greenpeace Brasil insistió en que son necesarias más medidas para garantizar una protección a largo plazo.

(SERVIMEDIA)

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