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Juicio histórico contra 11 activistas de Greenpeace

Valencia, España – Greenpeace International El mundo está a punto de presenciar uno de los juicios más insólitos y preocupantes que se recuerdan en la historia reciente de los movimientos sociales que defendemos el medio ambiente; 11 activistas de Greenpeace, procedentes de varios países, se enfrentan en España a una petición de condena nunca antes vista en

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Valencia, España – Greenpeace International

El mundo está a punto de presenciar uno de los juicios más insólitos y preocupantes que se recuerdan en la historia reciente de los movimientos sociales que defendemos el medio ambiente; 11 activistas de Greenpeace, procedentes de varios países, se enfrentan en España a una petición de condena nunca antes vista en Europa contra activistas climáticos: hasta 5 años de cárcel por una acción de protesta pacífica contra uno de los combustibles fósiles más nocivos para el planeta, el gas fósil.

El juicio se celebra el 23 de septiembre en València y, dadas las implicaciones del caso en relación a la libertad de reunión y el derecho a la protesta, Amnistía Internacional acudirá como observadora independiente. 

12 horas colgando de un ancla

Los hechos ocurrieron en el puerto de Sagunto, provincia de Valencia, en octubre de 2021, cuando nuestro mayor barco en aquel entonces, el Esperanza, entró en el puerto para denunciar y tratar de frenar la llegada de un monstruosos buque gasero, el Merchant, proveniente de EEUU y atestado con 138.000 metros cúbicos de gas fósil, unas 41 piscinas olímpicas abarrotadas de metano. Además, este peligroso gas se había extraído mediante la técnica del fracking, una de las más dañinas para el entorno.

Uno de nuestros activistas se bloqueó en el ancla del Esperanza para retrasar el desalojo todo lo posible: aguantó 12 horas. La Guardia Civil abordó nuestro barco, cortó las cadenas del ancla y nos llevó a puerto.

Ahora, tras años de limbo e incertidumbre, 11 personas de ocho países podrían acabar en la cárcel por un presunto delito de desórdenes públicos.

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Protestar, un derecho y un deber

En Greenpeace no recordamos una petición de pena semejante y eso que sabemos muy bien lo que es sufrir persecución policial y judicial: desde 2020 y solo en el Estado español, más de 30 activistas se han visto envueltos en distintos procedimientos penales por participar en nuestras protestas.

«Sabemos muy bien lo que es sufrir persecución policial y judicial: desde 2020 y solo en el Estado español, más de 30 activistas de Greenpeace se han visto envueltos en distintos procedimientos»

Además, hay que sumar las múltiples multas que se han impuesto a otrxs activistas simplemente por participar en acciones de protesta pacífica. Hubiéramos esperado que todos los casos fueran archivados dado que, como siempre hace Greenpeace,  son acciones no violentas realizadas en el uso legítimo de nuestro derecho constitucional y humano a la protesta. Es más, con el planeta en llamas, como está ahora mismo, solemos decir que protestar no es solo un derecho, sino un deber.

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El precedente de la Rusia de Putin

La última vez que vimos a activistas de Greenpeace entre rejas fue en 2013, cuando Rusia mantuvo durante meses a 30 activistas en una cárcel siberiana tras ser secuestradas en altamar por el ejército de Putin. Curiosamente, en aquella ocasión, la protesta también era contra los combustibles fósiles.

Nos cuesta creer que la Fiscalía haya solicitado una pena semejante contra activistas pacíficos mientras gobiernos y empresas multimillonarias se siguen lucrando a costa de la destrucción del medio ambiente; es el mundo al revés: en lugar de perseguir a quienes nos empujan al precipicio climático, se piden penas desorbitadas para quienes lo denunciamos y los frenamos.

«Nos cuesta creer que la Fiscalía haya solicitado una pena semejante contra activistas pacíficos mientras gobiernos y empresas multimillonarias se siguen lucrando a costa de la destrucción del medio ambiente»

Petroleras impunes contra Greenpeace

En los próximos días veremos cómo se desarrolla el juicio y cuál es el resultado, pero el mero hecho de haber llegado a este punto ya es una señal de alarma. Por todas partes se multiplican los juicios contra activistas climáticos.

En nuestro caso, tenemos que soportar los ataques judiciales de grandes petroleras, como Eni, Shell, Total Energy o Energy Transfer, que  utilizan torticeramente  una y otra vez toda su maquinaria multimillonaria de abogados para silenciarnos.

¡Y tenemos suerte! En muchos países, la defensa del medio ambiente y el territorio se paga con la muerte o la desaparición: solo en 2024, más de 140 activistas acabaron así.

El verano que acabamos de sufrir este año no puede dejarnos indiferentes. Miles y miles de personas han muerto en media Europa por culpa de los trenes de olas de calor. El Mediterráneo ha alcanzado temperaturas jamás registradas. Numerosas infraestructuras han visto su actividad trastocada por las temperaturas de récord. Miles de hectáreas forestales han ardido, causando decenas de muertes en nuestro país.

Están destruyendo nuestra casa: el silencio, la indiferencia o el miedo no son una opción.

¡NO NOS CALLARÁN!

Tomada de Pressenza

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