Begoña Gómez vuelve al juzgado este miércoles acusada de delitos que suman ya hasta 23 años de cárcel

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vuelve este miércoles al juzgado para declarar como investigada por presunta malversación de caudales públicos, que se suma a otros delitos por los que ya ha prestado testimonio, como tráfico de influencias y corrupción en los negocios, que en total podrían sumar una eventual condena de hasta 23 años de cárcel.

La comparecencia de Gómez ante el juez Juan Carlos Peinado estaba citada inicialmente el jueves, 11 de septiembre, pero fue adelantada un día a petición de la defensa de la encausada, representada por el exministro Antonio Camacho, al coincidir con otra citación judicial que tenía este abogado el mismo día en Tenerife. Junto a la mujer del presidente, declarará también este miércoles su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, que también está imputada en el sumario.

Según explicó el titular del Juzgado de Instrucción número 41 en el auto en el que citó a la esposa de Sánchez por malversación, “los indicios recabados permiten sostener que fondos públicos fueron destinados a fines ajenos al interés general mediante la contratación de personal eventual en el Gabinete de Presidencia”. En esto destaca el papel que presuntamente pudo haber tenido la asesora Álvarez.

A este respecto, el magistrado ha solicitado a Presidencia del Gobierno la entrega íntegra de los correos electrónicos enviados y recibidos por Gómez desde julio de 2018 para investigar posibles instrucciones irregulares, en una diligencia clave para las pesquisas.

«CONTRATACIÓN ILEGAL Y FONDOS»

A la asesora Cristina Álvarez se investiga por su contratación y retribución como directora de programas del Gabinete presidencial desde 2018.

Además de malversación, a Gómez se le atribuyen los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional, vinculados también a su actividad en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), donde dirigía una cátedra.

En concreto, se investiga su presunta intermediación para favorecer adjudicaciones y contrataciones, así como su posible beneficio personal derivado de estas actuaciones, según detalla el sumario judicial.

ACUSACIONES MÚLTIPLES

Si fuera condenada por todos los delitos imputados, Gómez podría enfrentarse a una pena conjunta que suma hasta 23 años de prisión y múltiples años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. La horquilla depende de la gravedad y la gravedad de los hechos. Específicamente, la pena de prisión podría ir desde un mínimo de 3 años hasta los 23 años, tomando en cuenta las diferentes acusaciones y la cuantía implicada en las presuntas irregularidades, tanto en Moncloa como en la UCM.

Por malversación, la condena puede oscilar entre 2 y 12 años de cárcel y de 6 a 20 años de inhabilitación. El delito de tráfico de influencias acarrea penas de 6 meses a 2 años y multas, junto a la inhabilitación profesional o pública.

En el caso de corrupción en los negocios, puede imponerse hasta 6 años de prisión, mientras que la apropiación indebida y el intrusismo están penados con hasta 3 años y 2 años de cárcel, respectivamente. Estas penas se sumarían en un eventual fallo condenatorio.

La causa que instruye el juez Peinado también incluye a funcionarios y responsables de la Secretaría General de Presidencia, implicados en la autorización y pago a Cristina Álvarez y otros cargos eventuales.

INVESTIGACIÓN AMPLIADA

Al mismo tiempo, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil analiza correos electrónicos y documentación clave para reconstruir las órdenes y pagos relacionados con las contrataciones investigadas, pieza esencial para el esclarecimiento judicial.

El juzgado ha requerido a Moncloa informes detallados sobre quiénes autorizaron y gestionaron los pagos a la asesora y otros empleados eventuales, incluyendo desde puestos administrativos hasta altos cargos, como parte de las pesquisas.

Por su parte, la defensa de la mujer de Sánchez mantiene que todos los nombramientos y pagos se realizaron conforme a la ley y contaron con respaldo jurídico. Fuentes jurídicas cercanas subrayan que “no existen pruebas concluyentes de irregularidad”.

La declaración prevista para el 10 de septiembre será determinante en el proceso. Tanto Gómez como Álvarez deberán ofrecer explicaciones, y según fuentes judiciales, el resultado de los interrogatorios podría despejar el camino a un juicio oral.