El Gobierno bonificará a los caseros que congelen el alquiler y limitará los contratos de temporada

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este lunes un paquete de medidas para contener el precio del alquiler y reforzar la protección de los inquilinos en España. El Ejecutivo aprobará un real decreto ley que incluirá incentivos fiscales para los propietarios que mantengan las rentas, límites estrictos a los contratos de temporada y nuevas reglas para frenar el abuso del alquiler por habitaciones. El anuncio se produjo minutos antes de la demolición de los primeros edificios del acuartelamiento de Campamento, en Madrid, donde se levantarán 10.700 viviendas públicas con precios “asequibles”.

La estrategia del Gobierno busca actuar en varios frentes: estabilizar el mercado del alquiler, combatir prácticas fraudulentas y ampliar la oferta de vivienda asequible. Según Sánchez, más de tres millones de personas viven actualmente de alquiler en España, un colectivo que —subrayó— necesita “certidumbre, seguridad y precios justos”.

Bonificación del 100% del IRPF para propietarios que no suban el alquiler

La medida estrella del decreto será una bonificación del 100% del IRPF para los caseros que renueven los contratos sin incrementar el precio. El objetivo es frenar la escalada de las rentas mediante incentivos, no solo con límites legales.

Sánchez explicó que esta bonificación compensará a los propietarios por la subida que podrían aplicar, de modo que mantener el precio resulte más beneficioso que incrementarlo. “Se trata de aplicar incentivos fiscales para contener los alquileres. Así ganamos todos”, afirmó durante su intervención.

El Gobierno pretende que esta medida tenga un impacto inmediato en las renovaciones previstas para 2026, un año marcado por la presión creciente sobre el mercado del alquiler en las grandes ciudades.

Límites a los contratos de temporada para frenar el fraude

El presidente también anunció una regulación más estricta de los contratos de temporada, una modalidad que, según el Ejecutivo, se ha convertido en una vía para esquivar la normativa del alquiler habitual.

Sánchez denunció que muchas ciudades “se están llenando de contratos de temporada que obligan a las personas a vivir en la incertidumbre constante sin un motivo justificado salvo la especulación”. Para combatirlo, el decreto fijará condiciones claras para que un contrato pueda considerarse de temporada y establecerá un régimen sancionador para quienes lo utilicen de forma fraudulenta.

El objetivo es garantizar que quienes necesitan una vivienda estable tengan los mismos derechos que en un contrato de larga duración, evitando que esta figura se utilice para encarecer precios o expulsar a inquilinos.

Nuevas reglas para el alquiler por habitaciones

La tercera medida del decreto se centrará en el alquiler por habitaciones, un formato en auge que, según el Gobierno, también está generando abusos. La norma establecerá que la suma de las rentas de todas las habitaciones no podrá superar el precio que tendría el alquiler de la vivienda completa.

“Es de puro sentido común”, señaló Sánchez, quien añadió que en las Zonas Tensionadas se aplicarán los mecanismos de control de rentas previstos en la Ley de Vivienda.

El Nuevo Barrio Campamento: 10.700 viviendas asequibles

El anuncio se produjo en un acto simbólico: la demolición de los primeros edificios del acuartelamiento Teniente Muñoz Castellanos, paso inicial para la construcción del Nuevo Barrio Campamento. La entidad pública Casa 47 promoverá allí 10.700 viviendas, todas ellas con precios asequibles, tanto en alquiler como en propiedad.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, destacó que este proyecto llega tras “casi 40 años de idas y venidas” y subrayó que el 100% de las viviendas serán promovidas por el sector público. También pidió la colaboración de movimientos vecinales y asociaciones para “hacer barrio” desde el inicio.

Rodríguez explicó que el presupuesto ya está fijado y que solo queda pendiente la aprobación del proyecto de urbanización por parte del Ayuntamiento de Madrid. La intención del Gobierno es ejecutar simultáneamente las obras de urbanización y edificación para acelerar la entrega de viviendas.

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