Si bien la Unión Europea (UE) acordó en 2015 un plan de acción para impulsar la transición hacia la economía circular en la región -que implica el uso de productos que se pueden reutilizar por completo- y en 2020 aprobó un plan de acción con medidas para que empresas, autoridades públicas y consumidores adopten un modelo sostenible, las iniciativas de Suecia para preservar la ecología están mucho más avanzadas porque comenzaron mucho antes.
«Suecia se convertirá en la primera nación de los países con Estado de bienestar libre de fósiles», celebraron el premier Stefan Lofven, el vicepremier y ministro de Medio Ambiente y Clima, Per Bolund; y el ministro de Ayuda al Desarrollo, Per Olsson Fridh, en una nota de opinión publicada a mediados de octubre en el portal Aftonbladet, de cara a la conferencia climática mundial COP26.
Asimismo, los funcionarios informaron que el Gobierno sueco tiene «la intención de duplicar la asistencia climática a 1.700 millones de dólares para 2025».
Estas son señales positivas, pero también esperables ya que las políticas verdes ocupan un espacio central en la agenda de Suecia desde 1967, cuando se convirtió en el primer país en aprobar una ley de protección ambiental.
En 1972 Suecia fue el anfitrión de la primera conferencia de la ONU sobre medio ambiente; y en 2010 su capital, Estocolmo, se consagró como la primera capital verde de Europa por su enorme reducción en las emisiones de CO2, numerosas zonas verdes, uso de combustibles alternativos y compromiso ambiental a largo plazo, además de ser la capital con una mayor tasa de crecimiento demográfico en Europa.
Para Estocolmo, reducir las emisiones también significó abordar el desperdicio de energía, como el calor producido por los centros de almacenamiento de datos digitales, supermercados e incluso crematorios, a través de su incorporación al sistema de calefacción gracias a una instalación de bombas; en 2019, por ejemplo, se calentaron 30.000 viviendas, según el portal Euronews.
Actualmente 22 industrias suecas trabajan junto al Gobierno en la hoja de ruta para convertirse en una sociedad carbono neutral.
Para Suecia, la basura es un recurso central y, por eso, bajo el programa » De desecho a energía», importa unos 3 millones de toneladas de basura anualmente de países vecinos para abastecer sus 32 centros de energía, según la cadena de noticias Kienyke.
La alianza entre los sectores privados y públicos y el ámbito académico ha sido imprescindible en esta transición verde.
Actualmente 22 industrias suecas trabajan junto al Gobierno en la hoja de ruta para convertirse en una sociedad carbono neutral, una meta estimada para 2045, según propusieron las autoridades durante la COP21.
Algunas cifras actuales dan cuenta de que sus esfuerzos van por el camino indicado: el 99,5% de los residuos domésticos se reciclan y aprovechan; más del 54,6% del uso de energía proviene de fuentes renovables, lo que beneficia a más de 600.000 hogares con calefacción y electricidad y supone una disminución en la dependencia al petróleo. Por ejemplo, desde 2017 los trenes y colectivos de la capital utilizan combustible renovable.
Y la región vecina no quiere quedarse atrás.
Tres años atrás, los jefes de Gobierno de los cinco países que integran el Consejo Nórdico -Islandia, Dinamarca, Suecia, Noruega y Finlandia-, se comprometieron a que su región sea la más sostenible e integrada en 2030; su objetivo es convertirse en líderes mundiales en la lucha contra la crisis climática.
Con ese programa en mente y una vez garantizadas las vacunas contra el coronavirus, Noruega aprobó en junio pasado un plan para conseguir la neutralidad climática para 2030 a través de recortes de CO2 y comercio de carbono para compensar las emisiones de industrias petroleras y de gas.
Esto estableció la fecha para cumplir el objetivo de neutralidad dos décadas antes de lo planeado por la ONU e implicará un enorme desafío para Noruega ya que actualmente emite alrededor de 53 millones de toneladas de CO2 por año, según el diario británico The Guardian.
Para lograrlo, Noruega, uno de los países con más autos eléctricos per cápita, anunció que para 2025 todos los vehículos que circulen en su territorio deberán funcionar con energías verdes.
Además, en 2009 puso en marcha una estrategia global para aumentar la sustentabilidad y el desarrollo de nuevas industrias relacionadas con la acuicultura – el conjunto de actividades, técnicas y conocimientos de crianza de especies acuáticas-, y de acuerdo con la Asociación Internacional de Energía Hidráulica, este tipo de energía ya supone aproximadamente el 95% de la producción total del país.
Otro de los países líderes en políticas ambientales es Dinamarca, que ya anunció una serie de medidas -como sanciones a empresas que consumen más energía de la cuenta, aumento del precio de las energías no renovables, estímulo del uso de la bicicleta y disuasión del uso de los autos- con el objetivo de reducir sus emisiones de CO2 un 70% en 2030 respecto de los niveles de 1990.
Al igual que Suecia, la alianza entre empresas locales, instituciones gubernamentales y académicas, expertos e investigadores, ocupa un lugar central para alcanzar esta meta.
Este proceso, además, ha sido acompañado desde la década del 70 con inversiones hacia el sector eólico y ha logrado generar empresas de dimensión mundial, como Orsted -una compañía de mayoría accionaria estatal-, que en una década consiguió transformar su negocio de la producción de petróleo y gas al desarrollo de parques eólicos offshore.
Y esa transición demostró ser un buen negocio.
En 2020, la capitalización de mercado combinada de las tres principales empresas energéticas verdes de Europa -Orsted, la eléctrica italiana Enel y la compañía eléctrica española Iberdrola- superó la capitalización de mercado combinada de las petroleras Total, BP y Shell.
