El exfutbolista español, Gerard Piqué, declaró ante la justicia y presentó documentación importante, de su empresa Kosmos, por la investigación del cobro de 40 millones de euros en comisiones a lo largo del contrato firmado con la Real Federación Española de Fútbol, presidida por Luis Rubiales.
Gerard Piqué, acudió este viernes al Juzgado de Majadahonda para declarar como investigado en el caso sobre las presuntas irregularidades en el traslado de la Supercopa de fútbol masculino a Arabia Saudí y presentó ante un juzgado una cantidad de facturas emitidas por sus empresas a la federación de fútbol saudí desde 2022 hasta el 2025 por su intermediación para el traslado de la Supercopa a dicho país.
Según informaron medios de prensa presentes en el lugar, el ex jugador se habría puesto a llorar ante la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Majadahonda, Delia Rodrigo, por el daño que estaría sufriendo en su reputación al ser investigado en este caso. No obstante, el interrogatorio terminó transcurriendo con normalidad y el empresario ha respondido a todas las preguntas formuladas por parte de la jueza, la fiscalía y la defensa.
En su declaración como imputado, Piqué ha declarado que en este caso siempre actuó como agente de Arabia Saudí y no de la RFEF, y que por ello no habría incurrido en ningún tipo de incompatibilidad.
Piqué debió declarar por primera vez en 10 meses, después que se lo termine de incluir en la lista de imputados, donde también se encuentran los expresidentes de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales y Pedro Rocha.
El empresario y exfutbolista catalán también debió presentar quince facturas de 800.000 euros cada una, las cuales suman un total de 12 millones de euros emitidas por sus empresas a la federación de fútbol saudí desde 2022 hasta 2025.
La justicia se encuentra investigando las posibles ilegalidades en los acuerdos firmados el 11 de septiembre de 2019 entre la RFEF y la entidad saudí Sela Sport Company, en los que se fijó una prima de éxito de 4 millones al año para una tercera parte agente que no se identificaba en el contrato, frente a los 40 millones anuales en favor de la Federación, durante seis años.
