La resolución de la SCJN exonerando al académico y periodista Sergio Aguayo de pagar los diez millones pesos impuestos por un juez que dio curso a la demanda interpuesta en su contra por el exgobernador Humberto Moreira, es un verdadero espaldarazo a la libertad de expresión, que hoy enfrenta graves peligros.
Es importante entender que si Moreira logró tener el respaldo de varios jueces fue porque en el Código Civil de la Federación existe un artículo que castiga el supuesto daño moral que se deriva de la difusión periodística.
Bajo el argumento de resarcir el daño moral sufrido por el exgobernador a causa de un artículo publicado por Sergio Aguayo en el periódico Reforma, se constituyó el ilícito.
El artículo 1916 del Código Civil de la Federación describe al daño moral como “la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspecto físicos, o bien en la consideración que de sí misma tienen los demás”.
Este artículo precisa que se presumirá que hubo daño moral cuando “se vulnere o menoscabe ilegítimamente la libertad o la integridad física o psíquica de las personas”.
Sin embargo, lo grave es que en el cuerpo del texto de este ordenamiento descubrimos que el inciso número uno define que se considerará responsable de un hecho ilícito “A quien comunique a una o más personas la imputación que se hace a otra persona física o moral, de un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado, que pueda causarle deshonra, descrédito, perjuicio, o exponerlo al desprecio de alguien”.
Por tanto, este ordenamiento considera como hecho ilícito la difusión, no sólo de hechos falsos, -lo cual es entendible pues esto constituye el delito de difamación-, sino que este ilícito se configura aunque lo que se difunda sea verdadero y comprobable. Sólo en México se castiga la verdad.
Ahora que la SCJN dio la pauta es necesario que el Poder Legislativo realice una revisión de toda la legislación relativa a “libertad de expresión” y rectifique aquellos ordenamientos que restrinjan, censuren o penalicen el trabajo periodístico.
Es necesario clarificar la ley a fin de que no existan riesgos de interpretación que afecten la libertad periodística.
Sin embargo, irónicamente, este mismo artículo 1916 en los ordenamientos números dos y tres describe como responsable de un acto ilícito: “II. El que impute a otro un hecho determinado y calificado como delito por la ley, si este hecho es falso, o es inocente la persona a quien se imputa.
“III. El que presente denuncias o querellas calumniosas, entendiéndose por tales aquellas en que su autor imputa un delito a persona determinada, sabiendo que ésta es inocente o que aquél no se ha cometido.”
Lo anterior nos deja claro que cometen este delito policías, ministerios públicos y jueces que a sabiendas de que la persona es inocente la encarcelan fabricando delitos para extorsionarla.
La interpretación de estos dos incisos que forman parte del Artículo 1916 implicaría que la víctima encarcelada con argumentos falsos podría exigir una compensación económica a sus victimarios. Este es un país donde los delitos más graves, -porque se realizan con dolo y al amparo del poder del estado-, son cometidos por funcionarios públicos con total impunidad y en muchos casos, en complicidad, lo cual equivale a “delincuencia organizada”.
Somos un país sobre regulado, donde la ley es violada precisamente por muchos funcionarios responsables de protegerla y hacerla cumplir.
MORENA CUANDO PIERDE ARREBATA
La alcaldesa de la Cuauhtémoc Sandra Cuevas, -quien llegó al cargo a través de un partido opositor de MORENA-, enfrenta acusaciones que generan suspicacias de conflicto frente a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, -porque, aunque no se han sustentado las acusaciones-, esta funcionaria ya fue destituida temporalmente.
Por su parte Mauricio Tabe, alcalde de la Miguel Hidalgo, -también representante de un partido opositor a MORENA, denuncia acoso por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum desde que asumieron el cargo.
Existe la percepción de fabricación de delitos en contra de Sandra Cuevas a partir de manipulación de la narrativa jurídica. ¿Querrán obtener por la vía jurídica lo que no obtuvieron en las urnas?… El tiempo nos lo dirá.
LA NEGACIÓN COMO ACTITUD COTIDIANA
El presidente López Obrador insiste continuamente en que el Estado Mexicano no es quien asesina periodistas, sino la delincuencia. Sin embargo, es una verdad a medias que trata de evadir responsabilidades y justificar la incapacidad gubernamental para pacificar al país y garantizar seguridad para todos los mexicanos, estén donde estén.
El periodista Armando Linares, director del portal “Monitor Michoacán”, -asesinado en el municipio de Zitácuaro, Michoacán-, en un video difundido por televisión poco después del homicidio de su colaborador Roberto Toledo, denuncia haber recibido amenazas y las atribuye directamente a las autoridades y deja claro: “seguiré denunciando corrupción y a políticos corruptos, aunque la vida nos vaya en ello”. Tiempo después fue ultimado con ocho balas. ¡Más claro imposible ¡
Tiene razón el presidente al decir que el brazo ejecutor, -quien dispara la bala-, no es el Estado Mexicano. Sin embargo, declaraciones como la de Armando Linares poco antes de ser ejecutado, dejan en claro una verdad incuestionable: autoridades locales a lo largo del país tienen nexos con la delincuencia organizada y se apoyan en sus sicarios para eliminar periodistas incómodos, quedando ellos a salvo de la responsabilidad de la ejecución.
Es más cómodo para el presidente evitar responsabilidades para su gobierno, -por su incapacidad de brindar protección a los mexicanos-, y así asumirse él como víctima de un complot de desprestigio no sólo nacional, sino internacional, en lugar de investigar con determinación y deseos de llegar a descubrir la verdad. Con su actitud evasiva deja entrever su aversión hacia los periodistas, aunque de palabra diga otra cosa.
Por otra parte, la Fiscalía del Estado de Michoacán niega que un grupo de sicarios haya llegado al sepelio de Armando Linares para amenazar a los representantes de la prensa que ahí se encontraban despidiendo a su colega. El argumento de la fiscalía es que si no hay denuncias directas es porque no sucedió el hecho.
Cobarde actitud para evadir responsabilidades. ¿No entienden que la gente asustada no denuncia?
Me basta con haber sido testigo del testimonio transmitido en vivo por el corresponsal de Milenio TV, Edgar Ledesma, -durante el programa de Elisa Alanís-, minutos después de este suceso.
¿A usted qué le parece?
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