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jueves, diciembre 12, 2024
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Modificación a normativa ambiental desata conflictos socioambientales

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A través de una serie de decretos y resoluciones en perjuicio del medio ambiente, el gobierno planea destrabar 130 proyectos de inversión públicos y privados.

Una de las modificaciones que preocupa es la realizada a través de la Resolución Ministerial 091-2024-MINAM que modifica el reglamento de la Ley N° 27446, del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

El SEIA es el mecanismo de identificación, prevención, supervisión y corrección anticipada de impactos ambientales negativos significativos que puedan surgir de proyectos de inversión pública privada o de capital mixto.

El 25 de abril último se conoció de la modificación a la normativa ambiental que, si bien acelera la entrega de la certificación ambiental, debilita la rigurosidad de los procesos de aprobación de las autorizaciones del sector minero.

La Red Muqui, alertó que esta modificatoria desarma la escasa institucionalidad ambiental en perjuicio de las comunidades y poblaciones afectadas por la minería en varias zonas del país, que además, han desencadenado serios conflictos socioambientales.

Agrega que si bien la norma busca impulsar los proyectos de inversión también debería tener en consideración la reparación de personas afectadas por la contaminación con metales tóxicos, registro que hasta ahora es incierto.

Según informó Ojo Público, el titular del Ministerio del Ambiente, Juan Castro Vargas, informó que el Gobierno pretendía destrabar así proyectos por más de 21 mil 7000 millones de dólares con la finalidad de avanzar en la “reactivación económica”.

La modificatoria acelera los plazos con respecto a los requisitos que deben presentar las empresas. Así se define de 5 días para que presentado el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), se determine si cumplen con los requisitos necesarios para continuar con el proceso.

Ojo Público identificó que durante el tiempo de la aprobación de estas modificatorias, Castro Vargas se reunió con representantes de Las Bambas, Antapaccay y Boroo Misquichilca, compañías mineras con proyectos en revisión ambiental.

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