Argentina empieza la semana con un giro de 180 grados de parte del presidente Fernández, quien después de haberse mostrado en contra de abonar los fondos coparticipables reclamados por el gobierno porteño de Rodríguez Larreta, (luego de un fallo de las Suprema Corte de Justicia de la Nación), decide pagar lo que definió la cautelar judicial, pese a la presión interna en el ala kirchnerista del Frente de Todos.
El pasado día miércoles, la Corte Suprema de Justicia hizo lugar a una medida cautelar en favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que fue presentada en 2020 luego de que la Nación dedujera por decreto los fondos que envía por la transferencia de la Policía Federal al ámbito porteño.
Los miembros del máximo tribunal de la República Argentina, determinaron que se le entregue a la CABA un 2,95% de la masa de fondos coparticipables por medio de transferencias diarias y automáticas del Banco Nación.
La decisión judicial era esperada en Casa Rosada desde que el alcalde, Rodríguez Larreta, hizo el planteo, pero igual potenció las discordias al concretarse. En una comunicación oficial difundida se fijó posición desde la administración Fernández, bajo este título: «un fallo político en contra de las provincias argentinas y de imposible cumplimiento», al que catalogo de un fallo «inédito, incongruente» pero también «político, de cara al año electoral».
El jefe de Estado ordenó además la recusación de los integrantes de la Corte e hizo un pedido de revocatoria a la resolución. Apoyaron la decisión los gobernadores de la Provincia de Buenos Aires, La Pampa, San Luis, Catamarca, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, San Juan, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán. Veinticuatro horas después se sumaron Salta, Río Negro, Neuquén y Misiones.
«Es un fallo que carece de fundamentación de muchas cosas. La Corte confunde todo (..). Si hago lo que me pide la Corte es muy posible que un gobernador cualquiera me demande por incumplimiento de deberes diciendo ‘señor, usted está incumpliendo la Ley de Coparticipación», apuntó el presidente Alberto Fernández en declaraciones públicas. Sobre él empezaron a caer denuncias de dirigentes opositores como Patricia Bullrich y Roberto García Moritán por no cumplir con la cautelar. También demandas penales de parte de la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió y otras fuerzas antikirchneristas.
El Gobierno porteño anunció a través de Larreta, el cumplimiento de su promesa de derogar -vía Legislatura- el impuesto a las compras con tarjetas de crédito que, de acuerdo al oficialismo porteño, fue ideado para palear la deducción de fondos de 2020. Lo cierto es que hubo una sesión pero el impuesto sigue todavía vigente.
«Nosotros queremos bajar impuestos y el kirchnerismo no quiere. Vamos a cumplir nuestra palabra. El gobierno nacional debe acatar el fallo y transferir los fondos que le corresponden a la Ciudad», señaló el intendente de la Capital Federal.
Mientras Larreta amenazó con avanzar esta semana contra la decisión presidencial de no acatar el fallo de Suprema Corte, Fernández decidió dar marcha atrás y adelantó a través de su cuenta de Twitter que le transferirá a la Ciudad de Buenos Aires los fondos coparticipables que surgen de la cautelar de principal tribunal del país. El pago será realizado con bonos TX31, según advirtió el mandatario en un extenso hilo.
“Instruí a la Jefatura de Gabinete de ministros para que reasignen los únicos recursos disponibles del ejercicio 2022 y los transfiera a una cuenta del Banco Nación a nombre del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Se utilizarán los bonos TX31 y se los pondrá a disposición del cumplimiento de la medida cautelar que impugnamos”, anunció el jefe de Estado.
Los TX31 son bonos del Tesoro en pesos que pagan 2,5% por sobre el ajuste del índice CER. Son títulos que nunca fueron licitados y efectivamente fueron emitidos para pagarle una deuda judicial al gobierno de Omar Perotti.
Juan Pablo Peralta, periodista acreditado permanente en Casa Rosada y el Parlamento nacional argentino.
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