Los primeros tres meses, desde que el 19 de marzo el presidente Alberto Fernández decretó el inicio de la cuarentena dura, no hubo otro tema en la agenda de la sociedad argentina y sus medios de comunicación. Los informes matutinos y vespertinos sobre el número de contagios y fallecidos eran la prioridad y eran tuiteados por casi todos los periodistas, así como circulaban durante todo el día por los grupos de WhatsApp.
En ese período el mandatario sudamericano llegó a tener índices de imagen positiva que superaban el 80 por ciento. Hasta los animadores televisivos que siguen líneas de coyuntura opositoras al Frente de Todos observaban y desatacaban la figura del titular del Ejecutivo como la de un Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, cargo que ocupan todos los dignatarios locales, pero en este caso, intentando equiparar la lucha contra el Covid-19 a una guerra convencional.
En el marco de la continuidad del proceso de recesión iniciado por el macrismo y potenciado por la paralización del esquema de circulación de bienes y servicios, julio fue el mes en que los datos económicos empezaron a encender las luces rojas de propios y extraños. Agosto empezó a mostrar quiebres en el bloque conformado por la denominada oposición dialoguista, encabezada por el alcalde del PRO en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y la dupla Fernández-Kicillof, gobernador bonaerense, quienes en conjunto fueron anunciando, en un promedio de cada 15 días, las decisiones en materia de restricciones sanitarias.
El millón de desocupados que se sumó a los 2 que dejó la administración de la Alianza Cambiemos, el incremento de la inflación, con la consecuente devaluación del peso argentino, la imparable suba de precios, el cierre de miles comercios y pequeñas y medianas empresas, que no pueden desarrollar su actividad, hizo que los paliativos que el Estado brinda a través de sistemas de asistencia a las firmas privadas para pagar salarios (ATP) y los que otorga a 9 millones de argentinos (según datos oficiales), a través del Ingreso Familiar de Emergencia, se licuaran de manera exponencial.
A la discusión que propusieron los opositores con respecto al avance sobre las libertades individuales con el aislamiento obligatorio, se agregaron los números cada vez más negativos de todos los índices económicos, y así llegaron tres grandes movilizaciones en distintos puntos del país contra la gestión oficialista. Para septiembre la imagen de Alberto Fernández llegó casi al piso de la imagen positiva que tiene la vicepresidenta que lo ungió como candidato en 2019, Cristina Kirchner, hablamos de un 37 por ciento.
En todo ese tiempo también hubo una intervención, e intento de expropiación (vía parlamentaria) de la cerealera Vincetin, que quedó trunca, y la decisión de avanzar en el Congreso Nacional con una reforma judicial que genera mucha polémica, debido a que desde la visión del antioficialismo, la misma buscaría impunidad en las causas que la ex presidenta, CFK y varios de sus funcionarios, tienen en los tribunales federales.
El último mensaje sobre la fase de cuarentena que se extiende todavía hasta el 20 de septiembre, lo dio el presidente Fernández en soledad desde la Residencia de Olivos, ya sin Larreta ni Kicillof, debido a la negada intención del intendente porteño para que un porcentaje de estudiantes volvieran a clases presenciales, y también las objeciones que la Nación le quiso imponer a la CABA con respecto a la posibilidad de que bares y restaurantes tengan mesas en la vía pública con el fin de poder contener las terribles pérdidas que han sufrido en los casi seis meses casi sin actividad.
Los tiempos de confrontación se aceleraron en la última semana cuando después de una inesperada revuelta de la Policía Bonaerense por reclamos salariales, el oficialismo tomó la decisión de quitar un punto (alrededor de 35.000 millones de pesos) de los fondos coparticipables que el Estado Nacional gira a la Capital Federal. Algo que intendentes de Juntos por el Cambio y el propio Jefe de Gobierno porteño repudiaron e intentan frenar a través del Poder Judicial.
Lo increíble de esto es que con el Coronavirus temerariamente echado al olvido, hubo celebraciones en los bandos oficialistas y opositores. Los primeros, luego de reuniones y discusiones internas donde establecieron que apuntarían todos sus cañones al lugar donde está concentrado el poder del PRO y su alianza con radicales y otras fuerzas, la CABA, festejaron el hecho de que «por fin» Fernández tomara distancia de Rodríguez Larreta, a quien hasta hace unos días el mandatario llamaba “mi amigo”. Del otro lado del mostrador, terminada la conferencia de prensa del alcalde rioplatense enojado por la quita de fondos, voces enfervorizadas decían “era hora que Horacio demostrara que tiene pasta de líder”.
Algo que una sola personalidad se animó a objetarle indirectamente con una carta crítica dirigida al propio presidente argentino, el ex mandatario, Mauricio Macri.
De todos modos, las diferencias y disputas en los sectores opositores nunca son tan preocupantes como las que se dan al interior de los frentes gobernantes. Esa es una máxima que los integrantes del Frente de Todos, por momentos, parecieran olvidar.
Hay algo que es más alarmante en esta decisión de empezar a hacer campaña a más de un año de las elecciones legislativas en un país devastado por 60 % de pobreza, brechas entre los que más y menos ganan que superan las 23 veces, empresas multinacionales que se van, y un incierto futuro inflacionario, donde se vuelve a recurrir a una potenciación del cepo cambiario que hará subir el dólar, y en consecuencia, todos los precios, nos referimos a un hastío social latente con la corporación política, que es la única, junto a los Bancos que menos préstamos dan en la región y el mundo, que no han sufrido pérdidas de ningún tipo, sino por el contrario, muchas ganancias en esta pandemia.
Concejales e intendentes distritales, gobernadores, diputados, senadores, ministros, secretarios, subsecretarios de Estado, etc, han aumentado sus sueldos de manera diametralmente opuesta a la pérdida de ingresos que han tenido los sectores medios y bajos. El promedio salarial de los funcionarios públicos va en una franja de entre 150 y 500 mil pesos, por el contrario, la mayoría de los haberes de los argentinos no supera la canasta básica de $43.000 con un Salario Mínimo, Vital y Móvil de 16.875 pesos.
Las protestas callejeras que se vienen produciendo en la Argentina en esta extensa cuarentena fueron autoadjudicadas por el sector más duro del otrora “Cambiemos”, obviamente referenciado en Mauricio Macri, pero los hechos demuestran que muchos de los que hicieron oír sus reclamos en los últimos tiempos también son votantes de Fernández que a nueve meses de gestión se sienten defraudados por los paupérrimos resultados que potencian la mala administración del anterior Gobierno.
Los cotos de comunicación locales hacen foco en las marchas que se dan en urbes altamente antiperonistas como la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Córdoba, Mendoza o Santa Fe, pero no muestran otras regiones donde las antinomias no se remiten a temas estrictamente partidarios o ideológicos, sino a necesidades básicas insatisfechas. Esos grupos son los mayoritarios, los que están dentro de ese índice de pobreza que creció con la Alianza Cambiemos y hoy continúa aumentando con el Frente de Todos.
