– La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) ha presentado las «potenciales distorsiones» señaladas por Facua en los precios y en la competencia.
– “Asegurar” que la reducción del IVA no contribuirá en ningún caso al lucro de los minoristas es el objetivo de esta iniciativa, dijo el ministro Pablo Bustinduy.
Nuevos pedidos de datos han sido enviados por la Dirección General de Consumo, que forma parte del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, a los principales distribuidores minoristas a nivel nacional para verificar si se está aplicando adecuadamente la reducción al 0% del IVA al precio final del aceite de oliva en los supermercados, según lo decretado por el Consejo de Ministros el 25 de junio pasado y que debe cumplirse a partir del 1 de julio.
Este miércoles, el equipo de Pablo Bustinduy comunicó que las acciones comenzaron tras recibir una denuncia de Facua-Consumidores en Acción. En el comunicado se detalló que la alerta señalaba posibles aumentos en los márgenes de ganancia en la venta al por menor del aceite de oliva y probables variaciones en los precios que afectan al consumidor final.
Es responsabilidad de la Dirección General de Consumo y del Ministerio verificar que los supermercados apliquen correctamente la reducción del IVA al 0%, siendo estos el único eslabón controlado por Consumo en la cadena de producción del aceite de oliva en el cual puede intervenir. Lo señaló el departamento de Bustinduy, agregando que estas atribuciones, asimismo, tienen carácter temporal, al derivarse del escudo social aprobado por el Gobierno para afrontar el aumento de precios tras la invasión rusa de Ucrania.
Paralelamente, el ministerio ha indicado que la queja recibida por la Dirección General de Consumo se ha remitido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para poder “ayudar a aclarar posibles distorsiones en el mercado” y ha adelantado que la información obtenida durante estas acciones también se enviará al Observatorio de la Cadena Alimentaria como parte de la estrategia de “transparencia y claridad” en la fijación de precios de los alimentos que está llevando a cabo el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, con el propósito de “defender a los consumidores y evaluar el impacto positivo de las medidas y políticas públicas implementadas por el Gobierno”.
En estas circunstancias, el ministro Pablo Bustinduy indicó, el miércoles, que este plan «amplía las acciones en progreso para garantizar que la disminución del IVA impacte por completo en los compradores y no se destine, en ningún caso, a aumentar los márgenes de beneficio de los minoristas distribuidores».
INCREMENTO DE TARIFAS
El ministerio señaló que, en diversas ocasiones, Bustinduy ha expresado públicamente su inquietud por el «aumento» en el valor de un artículo esencial como el aceite de oliva y su «decisión» de «intervenir» si las investigaciones realizadas demuestran que los supermercados no están implementando adecuadamente la reducción del IVA a los compradores.
En sus apariciones públicas, el responsable de Consumo ha subrayado además que su ámbito competencial se limita exclusivamente al eslabón final de la cadena, es decir, a las tiendas de comestibles, y que, con el fin de «asegurar» el respeto a los derechos de los consumidores y validar las decisiones gubernamentales, sería preciso una indagación exhaustiva de todos los eslabones en la fabricación del aceite de oliva.
En febrero, la Dirección General de Consumo solicitó a los principales operadores de distribución minorista toda la información disponible para verificar el cumplimiento de la reducción del IVA al 5% aprobada en el escudo social por el Ejecutivo. Esta nueva medida se suma a las acciones previas realizadas por la Dirección General de Consumo frente al aumento de precios provocado por la invasión rusa en Ucrania, que incluía rebajas del IVA en el aceite de oliva, frutas, verduras y otros productos esenciales.
(Servimedia)
