El Gobierno ha contestado a 78 preguntas parlamentarias sobre el llamado ‘caso Dina’ remitiéndose a las explicaciones que dio el 3 y 7 de julio pasados el vicepresidente Pablo Iglesias, en las que dijo que era necesario “naturalizar” el insulto a periodistas porque tienen una exposición pública y deben aceptar la crítica.
El Ejecutivo se refiere a esta cuestión en una respuesta que ha enviado al Congreso y que es común a 78 preguntas que presentaron distintos diputados sobre el ‘caso Dina’, que es el nombre con el que se conoce un sumario que instruye el titular del juzgado número de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón.
Este magistrado indaga en esta causa en lo sucedido con la tarjeta de móvil de Dina Bousselham, exasesora de Iglesias, parte de cuyo contenido fue difundido en prensa y que apareció también entre los documentos del excomisario José Manuel Villarejo. El exgerente de Podemos José Manuel Calvente declaró ante García-Castellón que el vicepresidente uso este asunto políticamente para reforzar sus acusaciones contra la llamada ‘policía patriótica’ del PP.
A este respecto, el Gobierno señala en su contestación parlamentaria que “respecto al ‘caso Villarejo’” el vicepresidente “ha dado las declaraciones correspondientes a los medios de comunicación el pasado 3 de julio y en la rueda de prensa del pasado 7 de julio tras el Consejo de Ministros”. Se asegura que en estas intervenciones Iglesias “respondió a los periodistas sobre dicho tema” y “relató la cronología de los hechos producidos desde el robo de la tarjeta de Dina Bousselham hasta la actualidad”.
“SEPARACIÓN DE PODERES”
El gabinete de Pedro Sánchez también apunta que “ni puede ni debe emitir opinión alguna relativa a las decisiones de los tribunales ni de la Fiscalía, por impedirlo el más escrupuloso respeto al principio de separación de poderes y a la independencia judicial, así como a la plena autonomía del Ministerio Fiscal, principio este esencial en todo Estado democrático de derecho”.
Respecto a las comparecencias de Iglesias a las que se remite el Ejecutivo, la del 3 de julio pasado fue una entrevista en Radio Nacional, en la que el vicepresidente reconoció que se quedó con la tarjeta de Bousselham para no meterle “más presión”. También negó que fuera a dimitir por el ‘caso Dina’ y criticó las “cloacas policiales y mediáticas”.
Las manifestaciones del 7 de julio tuvieron lugar en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que el ‘número dos’ del Ejecutivo justificó que se criticase en las redes sociales a periodistas al hilo del ‘caso Dina’, como sucedió con los informadores Esteban Urreiztieta, Eduardo Inda y Vicente Vallés.
Iglesias dijo al respecto que «hay que naturalizar» que los periodistas puedan ser «insultados”, puesto que en una democracia “cualquiera que tenga una presencia pública y que tenga responsabilidades en una empresa de comunicación o en la política está sometido tanto a la crítica como al insulto en redes sociales”.
(SERVIMEDIA)
