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viernes, abril 11, 2025
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El Gobierno busca el cumplimiento constitucional y el acuerdo con el PP.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró este jueves que propondrá al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, «una comisión de trabajo” para negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el sistema de financiación autonómica y la modificación del artículo 49 de la Constitución para eliminar el término “disminuidos” y sustituirlo por ‘personas con discapacidad’.

En una entrevista en ‘Espejo público’ de Antena 3 recogida por Servimedia, Sánchez señaló que quiere constituir esta comisión con un “horizonte de acuerdo”.

Explicó que el Gobierno quiere abordar con el PP la reforma del sistema de financiación autonómica, el “cumplimiento constitucional” en lo referido a la reforma del CGPJ y la modificación del artículo 49 de la Carta Magna.

El presidente afirmó que ofrecerá esta negociación al PP como muestra de que el Ejecutivo hace propuestas, mientras la formación de Feijóo y Vox sólo convocan manifestaciones. Aseguró que estos dos partidos tratan “de correr un maratón como si fuera una carrera de cien metros” y entiende que “se les va a hacer muy largo” el tiempo hasta las próximas elecciones generales.

“EMBUDO” DEL PP

Sobre la renovación del CGPJ, señaló que es “importante” efectuarla cuanto antes, ya que el retraso en la emisión de sentencias que sufren los españoles tiene que ver con el “bloqueo” en designar a los nuevos miembros del órgano de gobierno de los jueces.

Sostuvo que, mientras que se reprocha a partidos como ERC o Junts que en el ‘procés’ vulneraran la Constitución, la formación de Alberto Núñez Feijóo parece plantear un “embudo” que es “muy ancho para ellos y muy estrecho para el resto”.

Respecto a que los populares exijan cambiar la ley para renovar el CGPJ a la vez que se pactan los nuevos vocales, señaló que el partido de Feijóo debe cumplir con la Carta Magna y después buscar una “mayoría parlamentaria” para cambiar la norma en vigor.

A este respecto, acusó al PP de estar cometiendo ‘lawfare’ o politización de la Justicia, ya que “no hay mayor” ejemplo de esta práctica que tener cinco años «bloqueado» el Consejo «porque no quiere reconocer el resultado electoral”.

(SERVIMEDIA)

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