La nueva ley de telecomunicaciones impondrá una tasa a los servicios de mensajería instantánea como Whatsapp, eliminará las cabinas como servicio universal y reforzará los derechos de los usuarios de telefonía e Internet.
Así lo establece el anteproyecto de ley de telecomunicaciones, que este viernes sacó el Gobierno a consulta pública y cuyos detalles avanzó en rueda de prensa el secretario de Estado de Telecomunicaciones, Roberto Sánchez.
Las plataformas de mensajería instantánea como Whatsapp o Telegram que superen el millón de euros de ingresos declarados en España deberán pagar un gravamen del 1 por mil de su facturación. Además, tendrán que inscribirse en el Registro de Operadores, hacer una declaración de ingresos anuales y elevar su transparencia en las condiciones de prestación de servicios.
El secretario de Estado dijo que el Gobierno es «consciente» de que la tasa no afectará a los gigantes que aun operando en España, tienen su sede fiscal fuera de España.
La ‘tasa WhatsApp’ vendrá a sumarse al gravamen que el Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado para los gigantes de Internet, conocido como ‘tasa Google’.
CABINAS EN BARES
El anteproyecto, que el Gobierno espera aprobar como proyecto de ley a comienzos de 2021 y que entre en vigor en el segundo o tercer trimestre del año próximo, acaba con la obligatoriedad de que haya cabinas en España, algo reclamado por las operadoras y la CNMC al tratarse de un servicio que venía dando pérdidas y que está en desuso. Telefónica ha sido designada en los últimos años por el Gobierno para prestar el servicio ante el desintéres del sector.
El secretario de Estado dijo que desaparecen las cabinas ‘obligatorias’, pero seguirá habiendo la posibilidad de que haya teléfonos públicos como los de monedas que existen en bares de zonas rurales.
En relación con los consumidores, los contratos con las operadoras deberán ser más claros, tendrán una duración máxima de 2 años y el usuario tendrá derecho a conservar el saldo, mantener el número o el reenvío de mensajes durante un tiempo una vez rescindido el contrato. También habrá garantías accesibilidad a los contratos para personas con discapacidad.
Para los operadores, la duración mínima de las licencias se eleva a 20 años de facto. El anteproyecto regula también los servicios ‘máquina a máquina’ como los de vending.
(SERVIMEDIA)
