Si hay algo que viene caracterizando la fachada del frente de la Casa Rosada es la constante puesta y quita de vallados con más o menos efectivos policiales según como se presente la jornada. Si no se trata de la carpa del Colectivo de Discapacidad reclamando el pago a los prestadores, es la Unidad Piquetera pidiendo bonos, planes y trabajo genuino, o diversas movilizaciones de gremios estatales y del sector privado que exigen subas salariales licuadas por la inflación, así como pases a planta permanente, debido al deterioro implacable de los ingresos que sufren en sus extensos contratos de discutible formalidad.
Todas estas problemáticas -y más- son el resultado de la crisis que se viene potenciando desde el final de la administración de Cambiemos y los casi tres años del Frente de Todos en el Poder. Para colmo, a la conflictividad generalizada, se sumó la lucha por sus haberes de los combativos gremios de izquierda en el sector del neumático, algo que genera controversias con los sindicatos peronistas y las bases kirchneristas, que no admiten techos salariales impuesto por Sergio Massa.
Desde ese campo no oficialista se agregó el acampe en el Ministerio de Desarrollo Social, que esta vez removió con mayor intensidad, la posible salida adelantada de Juan Zabaleta de la cartera. El hombre, es el único edil que no dejó un delfín suyo en el partido de Hurlingham donde sigue de licencia. Allí, La Cámpora le disputa el territorio en castigo al infructuoso intento de inventar eso que nunca fue: el “albertismo”.
En este horizonte de sucesos, el alegato judicial de Cristina Kirchner mezcló la causa Vialidad con el intento de magnicidio que sufrió el pasado 1 de septiembre, al paso de la última semana del “dólar soja”. ¿Qué tendrá que ver una cosa con la otra? se preguntará el lector. Es que la Vicepresidenta tiene que defenderse ante los fiscales y conducir la política económica de su coalición. Es allí donde debe apaciguar a su entorno, que observa la iniciativa en favor de los agroexportadores como una concesión a los enemigos del “Proyecto”. Cristina hace ver la urgencia a puertas cerradas en el Instituto Patria. Para ella hay que ver la otra cara de la cuestión. Se trata de procurar llegar a fin de año con la menor cantidad de complicaciones sociales, teniendo en cuenta que el Presupuesto 2023 augura metas difíciles de cumplir, en particular, la del 60% de inflación.
En la ruidosa quietud de Balcarce 50 y Olivos -y con este escenario de fondo– Alberto Fernández inició la semana con una participación virtual en la apertura de la 30 Conferencia Sanitaria Panamericana de la OPS, algo que se desarrolló en Washington, y también entregando libros junto a Jaime Perczyk (Educación) en un jardín de infantes en Marcos Paz. Esa agenda imperceptible tuvo como dato que el martes se suspendió la única actividad que iba a tener el Presidente. Se trataba de un acto que iba a compartir con Juan Cabandié en Tecnópolis. Funcionario cuestionado por los gobernadores de las provincias que padecieron incendios, y que se animaron a pedir su renuncia al jefe de Estado. Por su parte y dada la poca acción en el palacio de Gobierno, Gabriela Cerruti se dedicó a brindar una conferencia de prensa a chicos de una escuela secundaria que visitó el histórico edificio.
En el letargo del ala oficial rosada, llegaron al despacho de Fernández mensajes de los mandatarios provinciales -y distritales- que quieren eliminar las PASO, aunque sea a cambio de unificar fechas de elección. El titular del Ejecutivo se resiste en sociedad con la CGT y los movimientos sociales que todavía le responden, aunque ya se acerquen, víctimas de un destino incierto, al camporismo que juega en el Conurbano como nunca antes. En particular nos referimos al Evita de Emilio Pérsico y Fernando Navarro.
Por su parte, el bloque oficialista junta votos en Diputados bajo la pretensión de convertir en ley la ampliación de la Corte Suprema a 15 miembros, un objetivo difícil de alcanzar, pero exigido con vigor desde el principal despacho del Senado.
La investigación de la “Banda de los Copitos” se fusionó mediáticamente con las intenciones del Ministerio de Economía por cumplir la meta fiscal pactada con el FMI, que inevitablemente lo arrastra a ejecutar recortes disfrazados con eufemismos tales como “reordenamiento de partidas” o “sinceramiento del déficit”. Palabras que no engañan a la militancia dura porque las relaciona con el macrismo. En el transcurrir de las noticias, la tapa del “house organ” oficial que se inició en los ‘90 teniendo sólo 12 páginas, denunció que la mitad de las empresas alimentarias violan los acuerdos de precios sellados con el titular de Hacienda, y que enviaron listas con incrementos de hasta el 20 por ciento. Algo que la vocera le negó «terminantemente» a este medio allá por junio.
En el contexto de la falta de dólares y las polémicas generadas por los viajes de enormes comitivas gubernamentales al exterior, Eduardo de Pedro (Interior), diez gobernadores del Norte Grande, y una importante delegación recorren las oficinas del Banco Mundial, del BID, y de otros organismos de crédito con el fin de pedir financiamiento para obras de infraestructura, que de todos modos deberán ser aprobadas por Nación en base a las posibilidades de pago que tenga la Argentina de acá hacia adelante. El discurso de institucionalidad y republicanismo que predican los jefes distritales del PJ, así como el de radicales como Gerardo Morales (Jujuy), no convencen del todo a los prestamistas internacionales, que siempre miran el Riesgo País y las sucesivas recesiones vernáculas.
El miércoles quedó expuesta como nunca antes, la puja que existe entre Juan Manzur y Alberto Fernández. Ese resquemor, contienda de egos y protagonismo mutuo, los llevó a realizar dos reuniones de Gabinete el mismo día y con dos horas de diferencia. Una nacional -en Buenos Aires- y otra Federal, en la provincia de San Luis. Ambas seguidas de insustanciales expresiones en rueda de prensa y discursos que no dejaron certezas sobre casi nada.
Entretanto, los celulares del país se hacían un festín con los memes que ideaban los cráneos del divertimento virtual por la falta de cubiertas y los problemas en las terminales automotrices. Dilema tragicómico que se combinó con el conflicto Mapuche en Villa Mascardi, al que Aníbal Fernández (Seguridad) buscó minimizar en Casa de Gobierno, al igual que a los campamentos piqueteros en la CABA y las tomas en los colegios porteños, señalando que ninguno de ellos está bajo jurisdicción nacional.
Por su parte, la plana mayor de los Gordos cegetistas participó de otro asado en la residencia presidencial, pero eso sí, esta vez se olvidaron avisar a Pablo Moyano. Algo que Fernández justificó con su clásico: “yo no sabía nada”. Punto seguido, se iniciaron los amagues de ruptura en Azopardo 802, pero que al final se dieron vuelta y concluyeron con la oferta del hijo del camionero más conocido de la Argentina (Hugo), ofreciéndose -en el despacho del Presidente- para mediar entre las firmas fabricantes de gomas y los sindicalistas rebeldes del Partido Obrero.
Es que la intentona de autoridad de Massa se fue por la borda luego de anunciar que si el tema no terminaba abriría la importación para romper la huelga, algo que, de todos modos, y por las propias limitaciones a la importación que impuso, le resultaría difícil de concretar. Igual no hizo falta, los insultos que le propinaron por las calles de Buenos Aires los protagonistas del reclamo, lo llamaron a silencio.
En el marco del “arrugue de barrera” massista -y sin mediar aviso- Cristina Kirchner dejó de lado sus causas judiciales y el ataque que vivió en la puerta de su domicilio, con la finalidad de reordenar la tropa frentista que estaba por celebrar una bajísima tasa en la pobreza del 0,6 por ciento, dejando la triste realidad de 17,3 millones de argentinos (36,5%) en la estrechez de los bolsillos flacos, y una indigencia que aumentó atacando a 4,2 millones de personas (8,8%).
Conocidos los números del INDEC, Cristina tecleó en su cuenta de Twitter: “Es necesaria una política de intervención más precisa y efectiva en el sector y, al mismo tiempo, diseñar un instrumento que refuerce la seguridad alimentaria en materia de indigencia”. El reconocimiento al trabajo duro del Ministerio de Economía pasó desapercibido y fue Gabriel Rubinstein (viceministro de Economía) quien se animó a responderle a través de la misma red del pajarito, pero en estilo zen.
Es obvio que la jefa política de la coalición envió el mensaje, más que al tigrense y equipo, a los suyos. Una manera de decir que si hace falta le va a poner límites a quien pretenda usar como variable de ajuste a los salarios. El que más golpes recibió por el descontrol en los precios fue Matías Tombolini (secretario de Comercio Interior), a quien -en privado- la ex presidenta cuestionó duramente por estar dedicado al tema de las figuritas del Mundial de Fútbol, en vez de resolver el problema de las ganancias y rentabilidad que quieren tener las empresas, y que considera abusivas.
Sin meterse en el asunto, el jefe de Estado se dedicó a despedir a la delegación argentina que fue a los juegos suramericanos Odesur, y a encabezar la cena de camaradería de las Fuerzas Armadas en el Edificio Libertador, donde anunció lo que denominó “un proceso de regularización salarial” en favor de los uniformados.
El viernes voló a Río Negro -epicentro del dilema territorial mapuche- a entregar 120 viviendas con la gobernadora Arabela Carreras, junto a los hermanos Soria, Martín (Justicia) y María Emilia (intendenta de General Roca). En ese acto le tocó ser testigo de una discusión pública entre la mandataria -de Juntos Somos Río Negro– y el ministro de Vivienda, Jorge Ferraresi, quien planteando -como ya hizo otras veces- el “juego” del aplausómetro, destacó el apoyo de los presentas a la jefa comunal. Esto generó que Carreras aprovechara la ironía para decirle que el aplausómetro le había fallado, echándole en cara que los últimos inmuebles entregados por su gestión fueron solventados por la provincia sin el apoyo de la Nación. A Fernández no le quedó otra opción que calmar los ánimos hablando de unidad, de respetar las diferencias, y haciendo acallar los silbidos.
La premura urge en todas las terminales del peronismo. Se presienten once meses difíciles por delante, y en el que no se descartan más cambios en el Gabinete, así como de funcionarios que CFK sigue considerando que no funcionan. En la lista está primero Claudio Moroni, el titular de la cartera laboral que advierte el clamor para que Mariano Recalde -u otro kirchnerista- ocupe su lugar.
La Vicepresidenta está decidida a completar lo que queda del mandato sin albertistas en puestos decisorios. La salida de Miguel Ángel Pesce del Banco Central sigue en carpeta. Las discusiones sobre qué, con quiénes, y dónde se va a recordar el próximo 17 de octubre es simplemente un espejo del camino duro que falta por recorrer.
Juan Pablo Peralta, periodista acreditado permanente en Casa Rosada y el Parlamento nacional argentino
