Colau admitió que es “algo inédito y excepcional” que una alcaldesa de Barcelona vaya al Congreso a presentar enmiendas a una ley, pero lo justificó por “la situación excepcional” y porque su “obligación como alcaldesa es hacer el máximo esfuerzo”, y subrayando que la capital catalana es la ciudad donde más personas viven en alquiler, medio millón. “Está en juego la economía de miles y miles de familias, de gente trabajadora, de gente joven”, alertó, “que depende de poder pagar el precio de una vivienda de alquiler para llegar a fin de mes”.

“Quisiera interpelar al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, que es quien se comprometió conmigo personalmente en la ciudad de Barcelona a que tendríamos una ley que regularía de manera efectiva los alquileres e impediría las subidas abusivas”, rememoró la alcaldesa, quien también le recordó su compromiso en el acuerdo de gobierno con Unidas Podemos.

Según Colau, como también según colectivos de vivienda que se concentraron la semana pasada ante el Congreso apoyados por Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, Más País, la CUP y el BNG, “la redacción inicial de esta ley no es efectiva; si se aprobara como se aprobó inicialmente no cambiaría la realidad del mercado de la vivienda, y eso es inaceptable”.

La regidora barcelonesa resumió las más de 30 enmiendas presentadas por el espacio confederal en cuatro. Por un lado, que “la regulación de alquileres tiene que ser efectiva y el redactado actual no lo es”, y que “los desahucios de familias vulnerables tienen que tener una alternativa”, por lo que hay que obligar a los grandes propietarios a ofrecer un alquiler social antes de desalojarlas.

Por otro, Colau reivindicó que se destine al menos el 1% del PIB a políticas de vivienda y que se modifique la fiscalidad para ayudar a las cooperativas, el Tercer Sector y los empresarios que quieren ofrecer alquiler social, en lugar de poner “alfombra roja a los especuladores”.