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Vivir en un ambiente limpio ya es un derecho humano

Lo confirmó a través de una resolución el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Costa Rica fue el principal promotor de la iniciativa, en tanto que Rusia interpuso varias objeciones sobre su alcance.

Sociedad - Ecología y medio ambiente 06/12/2021 Emmanuel Lorenzo Emmanuel Lorenzo
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En un nuevo espaldarazo a las medidas que buscan contrarrestar el cambio climático, como el Acuerdo de París y la Agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, la Organización de Naciones Unidas (ONU) ratificó que vivir en un ambiente limpio es un derecho humano. 

El Consejo de Derechos Humanos fue el responsable de aprobar la resolución que reconoce que vivir en un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible es un derecho humano sin el cual difícilmente se pueden disfrutar de otros derechos, como a la salud o incluso a la vida.

El principal impulsor de esta iniciativa fue Costa Rica, que destacó que el derecho a un medio limpio y sostenible está interconectado con otros derechos ya reconocidos en el derecho internacional, es decir que son de aplicación universal.

Por otra parte, según informaron cronistas de la agencia EFE, Rusia planteó diversas enmiendas que buscaban debilitar el alcance de la resolución, pero fueron rechazadas una a una por votación. El gigante del Este planteó varios cambios al proyecto de resolución -posteriormente rechazados- porque desde su punto de vista declarar que vivir en un medio ambiente sano es un derecho está fuera del mandato del Consejo de Derechos Humanos.

Asimismo, señaló que el derecho internacional no ofrece una definición exacta de lo que quiere decir "medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible", y pidió que se retirase la noción de "derecho".

La nueva resolución tiene por objetivo exhortar a los países a garantizar la protección de entornos naturales específicos y del medio ambiente por extensión, cumpliendo así sus obligaciones con la defensa de los derechos humanos.  En este sentido, la delegación en el Consejo de Costa Rica sostuvo que hablar actualmente de crisis climática equivale a hablar de crisis de derechos humanos y que sólo reconociendo esta relación se podrá proteger al planeta.

"Se trata de una aspiración común, de personas en todas partes del mundo. Aprobar esta resolución será un mensaje común y poderoso para quienes luchan contra las dificultades ambientales, para decirles que no están solos, que sus voces son escuchadas", dijo una diplomática costarricense al presentar la iniciativa.

Más de cuarenta países, como entre ellos Chile, Ecuador, Uruguay y España, se presentaron como copatrocinadores de la resolución.

A su turno, los representantes de Uruguay defendieron la propuesta y señalaron que no se puede negar la evidencia que indica que la degradación del medio ambiente y el cambio climático amenazan el derecho a la vida, como lo indica el hecho de que siete millones de personas mueran prematuramente cada año a causa de la contaminación del aire, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Países de todas las regiones, como Corea del Sur, Alemania, Namibia o Fiji, ofrecieron argumentos de apoyo a la resolución.

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Pese a los planteos, Rusia se abstuvo en la votación para no obstaculizar un asunto tan altamente simbólico, al igual que China, Japón e India, por lo que la resolución fue aprobada sin ningún voto en contra.

Brasil votó a favor, pero antes dejó clara su posición en relación a que el uso de los recursos naturales es una cuestión soberana de cada Estado. Por su parte, el Reino Unido, que también votó a favor, recordó que las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos no son vinculantes y que su posición en este caso no debe tomarse como un antecedente para decisiones que pueda tomar en el futuro.

Según la resolución, corresponde a ahora a la Asamblea General de la ONU examinar esta cuestión.

Durante la misma jornada de sesiones, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU  también aprobó -por 42 votos a favor, uno en contra y cuatro abstenciones- la creación del cargo de relator sobre derechos humanos y cambio climático, con el mandato de proteger las libertades fundamentales ante la crisis generada por el calentamiento global.

La resolución que constituye esta figura fue presentada por la Unión Europea junto a Panamá, Paraguay, Sudán y varias naciones insulares a las que el propio cambio climático podría poner en grave riesgo, como Fiji, las Islas Marshall o Bahamas.

La creación del relator fue celebrada por diversos estados promotores de la iniciativa, así como por organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW), cuya subdirectora, Lucy McKernan, manifestó su esperanza en que con esta figura se determinen responsabilidades frente a los abusos medioambientales.

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