Así se deduce de la comparación de las entregas de 2018 y 2021 del llamado ‘Informe en relación con el grado de cumplimiento de la ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado’.

El Ejecutivo ha difundido recientemente la edición de este informe correspondiente al período ‘01/01/2021-30/06/2021’, donde se recoge que a 30 de junio de este año había 740 altos cargos del Estado.

En el mismo informe correspondiente al período ‘01/01/2018-31/05/2018’ se indicaba que el 31 de mayo de hace tres años había 671 altos cargos. Esto supone que en tres años hay 69 nuevos nuevas personas con este estatus, un 10,2% más.

DE DIRECTORES GENERALES A MINISTROS

La actuación de estos políticos o funcionarios se rige por la Ley 3/2015, de 30 de marzo, Reguladora del Ejercicio del Alto Cargo de la Administración General del Estado, que define quiénes entran dentro de esta categoría.

A este respecto, son considerados altos cargos los miembros del Gobierno y los secretarios de Estado; los subsecretarios y asimilados; los secretarios generales; los delegados del Gobierno en las comunidades autónomas y en Ceuta y Melilla; los delegados del Gobierno en entidades de derecho público; y los jefes de misión diplomática permanente, así como los jefes de representación permanente ante organizaciones internacionales.

También se incluyen en esta categoría, entre otros, los secretarios generales técnicos, los directores generales de la Administración del Estado, así como los responsables de empresas públicas y de instituciones como el Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) o la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).