Así lo dijo durante la clausura del ‘Monitoring the recovery: Beyond GDP’, celebrado en el Ministerio de Economía, junto a la vicepresidenta primera, Nadia Calviño.

El presidente defendió que “debemos modernizar las instituciones para garantizar la máxima creación de oportunidades y un reparto más justo de ese crecimiento económico”.

Sánchez afirmó que “estas transformaciones deben hacerse con el mayor de los consensos, porque durante esta década hemos sufrido en España muchísimas contrarreformas, quiero pensar en la laboral y de las pensiones de 2012 y 2013 que rompieron, quebraron, el diálogo social”.

Por ello, el presidente ahondó en que “el Gobierno, todo el Gobierno, está comprometido en abordar la modernización de la legislación laboral para: uno, extirpar la precariedad laboral; dos, impulsar la competitividad de nuestra economía; y, tres, restablecer el reequilibrio en la negociación entre empresarios y trabajadores". “Una legislación así, con vocación de perdurar, se hará en España como se hace en Europa, con diálogo social y vocación de consenso”, zanjó Sánchez.

Sus palabras se enmarcan en un momento en el que la coalición de gobierno formada por PSOE y Unidas Podemos mantiene sus diferencias a cuenta de la reforma laboral. Desde la Vicepresidencia Segunda que lidera Yolanda Díaz se acusa a la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, de “injerencias”, mientras que el propio Sánchez ya afirmó el viernes pasado desde Bruselas que la reforma es “de todo el Gobierno y que todo el Gobierno aporta”. No se trata de “intervenir” o “intromisión”, es “aporte, colaboración, coordinación", respondió entonces a Unidas Podemos.

Sánchez reivindicó que las subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) no implica “pérdida de empleo”, e insistió en que los salarios mínimos son “una herramienta de primer nivel en la reducción de la desigualdad”.

Dentro de su participación en este acto sobre ‘Seguimiento de la recuperación: más allá del PIB’, Sánchez afirmó que “el objetivo final es dar a nuestra sociedad un futuro sostenible, esperanzador, próspero, en democracia y seguro”.

A su juicio, la compleja realidad actual “nos conduce a diseñar políticas económicas que no se basen única y exclusivamente en el crecimiento del PIB, siendo como es un indicador importantísimo para medir el desarrollo económica de un país”, y apostó más por los indicadores de la Unión Europea y la OCDE que tienen en cuenta la calidad de vida.