Así lo anunció este miércoles el ministro Alberto Garzón durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso, donde explicó el anteproyecto y analizó la cuestión de las tarifas eléctricas.

Garzón defendió la bajada de precios de productos alimenticios cuando se acerca su fecha de caducidad y recordó que, actualmente, la normativa obliga a visibilizar el precio rebajado junto al precio mínimo que el producto haya tenido a lo largo del mes anterior. Esta obligación supone, a juicio del ministro, un “desincentivo para bajar el precio a productos perecederos, porque afectaría a futuras promociones del producto”.

Con la nueva medida, Consumo pretende “corregir este problema ya que la rebaja no afectará a promociones”, lo que, además, redundará en la reducción del desperdicio alimentario.

“INSOSTENIBLE" DESPERDICIO

Tras puntualizar que el sector ha acogido esta propuesta “con gratitud”, instó a “aprovechar al máximo” los alimentos producidos y abogó por incorporar “tecnologías y soluciones innovadoras, nuevas formas de trabajar y buenas prácticas para gestionar la calidad de los alimentos y reducir las pérdidas y el desperdicio de alimentos”.

Finalmente, Garzón consideró "insostenible social y ambientalmente” el nivel actual de desperdicio alimentario en España, que supone 31 kilos de comida por persona al año, según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Por lo que respecta al proyecto en general, defendió que viene a cubrir una “laguna” legal de más de cuatro décadas en las que los “abusos y fraudes” de grandes empresas “han sido generalmente impunes por la falta de recursos suficientes desde la administración pública”, citando casos como el ‘Dieselgate’ o el de las cláusulas abusivas que han tenido una respuesta mediante sanción “prácticamente nula, a diferencia de otros países”.

Garzón reconoció que, hasta ahora, el Ejecutivo central “no había hecho sus deberes” en este ámbito y avanzó que este será un “instrumento que permita al Gobierno ser capaz de sancionar, junto con las comunidades autónomas y otras autoridades competentes, aquellos casos de fraude y de abusos que se han acreditado en diferentes ámbitos”, pero siempre “respetando absolutamente y pulcramente todas las competencias de las comunidades autónomas”.

“TRATAMIENTO COLABORATIVO”

En este punto, adelantó que la Dirección General de Consumo ha puesto en marcha desde el 1 de julio un proyecto piloto para un “tratamiento colaborativo” con las comunidades autónomas “de todo este tipo de denuncias, para mejorar la eficiencia, para generar sinergias y para, en última instancia, poner a disposición todos los recursos de todas las administraciones para poder cumplir el objetivo, que es, naturalmente, el de proteger a la ciudadanía”, resolvió.

Garzón subrayó que será esa Dirección General de Consumo la que “asume la centralización de las comunicaciones iniciales” con la parte denunciante y las empresas denunciadas, llevando a cabo una labor de investigación que persigue “determinar en qué comunidades autónomas habría consumidores afectados y, por tanto, tienen legitimación para llevar a cabo las actuaciones y hacer una valoración inicial de la fundamentación de la denuncia”.

Con ello se trata de ir “maximizando e incrementando la eficiencia en la colaboración” entre las comunidades autónomas y el Gobierno central, pero siempre “respetando pulcramente todas las competencias y permitiendo cubrir las lagunas que existían hasta este momento”.

El titular de Consumo también recordó que el proyecto recoge un régimen de sanciones “efectivo, proporcionado y disuasorio” y que las sanciones máximas, que a partir de ahora también podrá imponer el Estado, subirán hasta un millón de euros u ocho veces el beneficio ilícito obtenido, en el caso de infracciones cometidas únicamente en España, y hasta el 4% del volumen de facturación de las compañías, cuando estas infracciones tengan lugar en varios Estados miembros.