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Vaticano: comenzó el juicio contra el cardenal acusado de malversación millonaria

Está acusado junto a otras nueve personas de fraudes millonarios con la compra de un edificio en Londres. Por primera vez en la historia un purpurado es juzgado por un tribubal de laicos en la Santa Sede.

Justicia 28 de julio de 2021 Hernán Reyes Alcaide
vaticano

El Vaticano inició este martes el juicio por "malversación y abuso de funciones" contra el cardenal italiano Angelo Becciu, echado por el papa Francisco en 2020, acusado junto a otras nueve personas en la causa que investiga supuestos fraudes con la compra de un edificio en Londres por casi 200 millones de euros entre otras irregularidades que provocaron pérdidas millonarias a los fondos de caridad pontificios.

Tras la audiencia de siete horas en la que estuvo presente, Becciu afirmó en un comunicado que espera "con serenidad" la continuación de las audiencias para demostrar su "inocencia frente a cada acusación" una vez que el juicio se retome desde el 5 de octubre, como dispuso el Tribunal vaticano.

Becciu y los otros nueve acusados enfrentan diversos cargos de delitos financieros como "malversación, blanqueo de capitales, fraude, extorsión y abuso de funciones", tras más de dos años de investigación a funcionarios laicos y religiosos por supuesta malversación de fondos en la compra y venta de propiedades.

En ese marco, Becciu se reconoció "obedeciente al Papa que me envió a juicio" en un diálogo con la prensa durante la audiencia.

"Siempre he sido obediente al Papa, él me ha confiado muchas misiones en mi vida, quería que viniera a juicio y yo vengo al juicio. Estoy tranquilo, tengo la conciencia tranquila, tengo la confianza de que los jueces podrán ver bien los hechos y mi gran esperanza es la certeza de que reconozcan mi inocencia", aseveró.

Uno de los ejes del proceso es un inmueble en el número 60 de Sloane Avenue, en el barrio Chelsea, de Londres, que según la acusación fue adquirido en 2014 con fondos reservados.
Uno de los ejes del proceso es un inmueble en el número 60 de Sloane Avenue, en el barrio Chelsea, de Londres, que según la acusación fue adquirido en 2014 con fondos reservados.


El proceso, que se desarrolla en una sala especialmente preparada dentro de los Museos Vaticanos, es el primero de la historia en el que un purpurado será juzgado por un delito penal ante un Tribunal de jueces laicos en la Santa Sede.

Uno de los ejes del proceso es un inmueble en el número 60 de Sloane Avenue, en el barrio Chelsea, de Londres, que según la acusación fue adquirido en 2014 con fondos reservados mientras Becciu se desempeñó como "número 3" de la Santa Sede y que provocó pérdidas millonarias al fondo de caridad que gestiona el Papa.

La primera audiencia, en la que solo estuvieron presentes Becciu y su ex mano derecha monseñor Mauro Carlino, se centró en los diversos pedidos de nulidad de parte de las defensas frente a los que el Tribunal se reservó dar este martes una respuesta.

El sucesor de Becciu, Edgar Peña Parra y el entonces y actual secretario de Estado, Pietro Parolin, también fueron interrogados


Al elevar la investigación a juicio, dentro de las 73 páginas dedicadas a analizar la labor del purpurado, la fiscalía vaticana consideró que "también surgieron elementos contra el cardenal Giovanni Angelo Becciu, contra quien procedemos, como exige la ley, por los delitos de malversación y abuso de funciones también en concurso, así como soborno".

De todos modos, el cardenal italiano, considerado hasta mediados del año pasado un posible sucesor de Francisco, no estuvo solo en el andamiaje financiero que, de acuerdo a la acusación, se montó para desviar fondos de las obras de caridad.

Becciu, considerado hasta mediados del año pasado un posible sucesor de Francisco, no estuvo solo en el andamiaje financiero que, de acuerdo a la acusación, se montó para desviar fondos de las obras de caridad.
Becciu, considerado hasta mediados del año pasado un posible sucesor de Francisco, no estuvo solo en el andamiaje financiero que, de acuerdo a la acusación, se montó para desviar fondos de las obras de caridad.


Entre los acusados está también el operador financiero Gianluigi Torzi, inculpado de haberse quedado con una comisión de 15 millones de euros por la compra-venta del palacio de Sloane Avenue de Londres.

El Tribunal lo liberó de la necesidad de estar presente luego de que su defensa informara un proceso abierto en Inglaterra que lo obliga a estar presente en ese país con monitoreo electrónico.

También se encuentra acusado quien, según la ley, debía controlar las operaciones desde dentro del Vaticano: el expresidente de la Autoridad de Supervisión Financiera de la Santa Sede (AIF), René Brülhart, además de su mano derecha, Tommaso di Ruzza.

En ese marco, y si bien la investigación sobre la compra del Palacio de Londres es el eje paradigmático del proceso, no es la única inversión investigada.

El Tribunal para el proceso está presidido por el magistrado italiano y exfiscal de Roma Giuseppe Pignatone


Según el acta de envío a juicio, la investigación mostró "una red de relaciones con los operadores del mercado financiero que generó pérdidas sustanciales para las finanzas del Vaticano, habiendo recurrido también a recursos destinados a las obras de caridad personal del Santo Padre".

El año pasado, cuando se hizo pública la investigación, Becciu fue removido de su cargo de prefecto de Congregación de las Causas de los Santos y despojado de sus derechos como cardenal por el papa Francisco.

Exsustituto de la Secretaría de Estado y considerado el "número 3" del Vaticano entre 2011 y 2018, Becciu perdió tras su remoción la posibilidad de participar en un eventual cónclave, y por ende de ser Papa a causa de la investigación.

En una primera etapa de las investigaciones habían sido allanadas oficinas de la secretaría de Estado por primera vez en la historia, donde la Justicia vaticana secuestró documentos.

Entre las personas enviadas a juicio se encuentra también la italiana Cecilia Marogna, inculpada de "peculado" tras haber sido investigada por la supuesta malversación de 500.000 euros que Becciu le había otorgado para supuestamente formar una red de diplomacia paralela en la Santa Sede, y que fue primero arrestada y luego puesta en libertad tras ser denunciada a Interpol por la Justicia vaticana.

La fiscalía investiga, además, el uso de un fondo de inversiones de Malta con 71 millones de euros del Vaticano


Este martes, su defensa pareció confirmar las sospechas de que Marorgna para como espía italiana al hacer referencia a un pedido para que sea liberada de secreto que al parecer la vincula con los servicios de inteligencia, según especulaciones de la prensa local.

Más allá de las pérdidas para el fondo de caridad papal, la secretaría de Estado de la Santa Sede se presenta como parte civilcon representación legal de la abogada y ex ministra de Justicia italiana Paola Severino.

Durante la investigación, la fiscalía interrogó al sucesor de Becciu, Edgar Peña Parra y al entonces y actual secretario de Estado, Pietro Parolin, pero ninguno de los dos ha sido acusado de delito.

En ese marco, si bien Parolin quedó fuera de la mira de la justicia vaticana y se mostró pronto para testificar si es convocado, una de las primeras consecuencias de la investigación fue que el Papa decidió quitar a la secretaría de Estado del manejo de los fondos de la Santa Sede a fines del año pasado.

Otro exfuncionario de la secretaría de Estado, Alberto Perlasca, quedó fuera de la investigación pese a su rol central en el organismo tras haber aportado datos a la justicia a lo largo de cinco interrogatorios a los que se sometió durante la investigación

Este martes Becciu anunció a través de sus abogados que denunciará por calumnias a Perlasca "por las gravísimas y completamente falsas declaraciones hechas".

Además de Becciu y los otros imputados, el Vaticano dispuso también el envío a juicio de cuatro firmas: HP Finance LLC; Logsic Humanitarne Dejavnosti, D.O.O., - Prestige Family Office SA, y Sogenel Capital Investment, por delitos de fraude y peculado.

Con la mira en las firmas, la fiscalía también investiga supuestas irregularidades con el uso de un fondo de inversiones de Malta, el Centurion, que usó casi 71 millones de euros del Vaticano en aportes a empresas como la juguetera Giochi Preziosi, la producción de películas como Rocketman o Men in Black, o la adquisición de un inmueble en Roma por 13 millones de euros con la excusa de que era una inversión del hospital Bambino Gesú.

El Tribunal para el proceso está presidido por el magistrado italiano y exfiscal de Roma Giuseppe Pignatone, acompañado por el director del Departamento de Jurisprudencia de la Universidad Tor Vergata de Roma, Venerando Marano, y por el honorario de Derecho Procesual de la misma casa de estudios, Carlo Bonzano.

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