Lo anunció la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en La Moncloa, en la que indicó que la aprobación de esta estrategia representa un “hito fundamental que reafirma el compromiso de nuestro país con la Agenda 2030”.

Ione Belarra recordó que España se comprometió en 2015 a poner en marcha la Agenda 2030, un hito que se ha concretado con seis años de retraso como consecuencia de la “desidia de los gobiernos anteriores, especialmente de los del PP”.

Tras aseverar que la Agenda 2030 está en el “frontispicio de este Gobierno”, subrayó que la estrategia hoy aprobada tiene vocación de permanencia, con el fin de “dibujar un proyecto de país que asegure que nadie se quede atrás”.

España presentará este documento ante la ONU en el marco del segundo examen nacional voluntario que tendrá lugar en el próximo Foro Político de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible, cuya celebración está prevista el próximo mes de julio.

La ministra agradeció la labor de todas aquellas personas y colectivos que han luchado para conseguir que la Agenda 2030 sea una realidad, incluso “sin saber cómo llamar” a las reivindicaciones que estaban exigiendo.

Ione Belarra explicó que en la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 se especifican ocho retos que España tiene ante sí, así como las políticas aceleradoras del desarrollo sostenible que han de ponerse en marcha para afrontarlos.

De este modo, el Gobierno ha detectado que los desafíos que afronta España son el de la pobreza y la desigualdad; la emergencia climática y ambiental; la brecha de la desigualdad de género y la discriminación; las ineficiencias del sistema económico; la precariedad laboral; la crisis de los servicios públicos; la injusticia global y las amenazas a los derechos humanos y los principios democráticos; y la situación del medio rural.

Para afrontar dichos retos, el Ejecutivo pondrá en marcha desde hoy hasta 2030 una serie de políticas concretas que se recogen en el documento.

Entre esas políticas concretas, se encuentras las vinculadas con la transición social, cuyos ejes fundamentales han de ser la garantía de derechos y la redistribución de la riqueza. Para ello, se establece la necesidad de llevar a cabo medidas orientadas a la provisión de ingresos y a reafirmar el derecho a la vivienda o la lucha contra la pobreza energética.

El documento también aborda la necesidad de construir un país que “respete los límites del planeta, o que asegure vidas libres y seguras para todas, cerrando las brechas de desigualdad y de discriminación, erradicando las violencias machistas para siempre y garantizando el reparto justo y la corresponsabilidad del Estado en el sistema de cuidados”.

También se apuesta por “un nuevo modelo económico y productivo verde, digital y justo”, abordando una “necesaria transformación de nuestro sistema productivo que apueste por nuestras pymes y nuestros autónomos y autónomas, por la economía verde y por la Ciencia e Innovación, y que proteja elementos principales de nuestro país como el deporte y la cultura”.

A su vez, se plantea “garantizar la calidad y la estabilidad en el empleo, estableciendo dichas bases en nuestras modalidades de contratación, apoyando la negociación colectiva y regulando las disposiciones necesarias para asegurar el trabajo decente” en España.

Por último, se apuesta por consolidar unos “servicios públicos reforzados”, que “garanticen un estado del bienestar democrático y resiliente”, más si cabe tras los estragos causados por la pandemia del coronavirus.