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La Secretaría de Comercio Interior y el órgano recaudador de la Argentina, AFIP, enviarán inspectores a controlar Precios Máximos

Actualidad 14 de abril de 2021 Juan Pablo Peralta Juan Pablo Peralta

GABINETE ECONÓMICO

En el marco de la reunión del Gabinete Económico en Casa Rosada, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, decidió que los inspectores de la Administración Federal de Ingresos Públicos se encarguen de controlar el cumplimiento del programa de Precios Máximos. 

La propia Secretaria de Comercio, Paula Español, explicó al final del encuentro, que se contratarán entre 300 y 500 inspectores para trabajar en conjunto en la fiscalización de la política de precios Máximos y Cuidados, y también se va a sumar la Ley de Góndolas. 

Habrá un aumento de las sanciones para las empresas que incumplan las iniciativas de la administración central para contener los aumentos de alimentos en general. Estas medidas agregan tensión a la difícil relación entre las empresas alimenticias y los supermercados con el Gobierno nacional, que además resolvió intimar a las grandes firmas de los sectores de comercio e industria, conminándolos a producir, distribuir y comercializar al máximo de su capacidad instalada en el marco de Emergencia Sanitaria que atraviesa el país.

Fue en marzo de 2020 cuando se emitió la resolución que puso en vigencia el esquema de Precios Máximos, y ya en ese entonces se había intimado a las compañías de alimentos y de consumo masivo para que fabriquen al tope de su capacidad instalada. También se puso en práctica un control de etiquetas y rótulos con un Sistema de Información (Sipre), que exige la información de 1.000 grandes corporaciones en referencia a precios, niveles de producción y los stocks.

Desde la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), se cruzó un reclamo administrativo contra las flamantes normativas de la Secretaría de Comercio Interior.

La firmas norteamericanas en el país (Amcham) se manifestaron en contra el Programa de Precios Máximos y desde la cámara de empresas de los Estados Unidos pidieron que se derogue la Resolución 100/2020, que estableció dicho programa para permitir realizar aumentos escalonados.

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