Un hecho que para algunos fue tomado como una grave burla a la institución parlamentaria y por otros como una anécdota bizarra sin antecedentes en el Congreso Nacional argentino, dejó al descubierto algo que la sociedad argentina viene observando cada vez con mayor atención, nos referimos a las obscenas diferencias salariales que tiene la clase política local de la totalidad de los partidos políticos con los ciudadanos que trabajan por salarios indignos, que están por debajo de la línea de la canasta básica, en un país que tiene más de un 52 por ciento de pobreza. 

Con la inmediatez que tiene Internet, los memes, las bromas y los repudios comenzaron a circular en las redes sociales a los pocos minutos de que los asistentes a una sesión mixta en la cámara baja, es decir de carácter presencial y por videoconferencia debido a la cuarentena por el Covid-19, observaran anonadados como uno de los 257 integrantes del cuerpo se mostrara besando el pecho de una mujer frente a las grandes pantallas del recinto.

El protagonista era representante legislativo de la provincia de Salta, a pesar de ser santafecino y de nombre Juan Emilio Ameri. Utilizamos el pretérito perfecto porque el hombre primero fue suspendido y a las pocas horas tuvo que presentar la renuncia por exigencia de las principales autoridades del oficialismo al que pertenecía, el Frente de Todos.

Los gestos adustos de referentes opositores de Juntos por el Cambio, del bloque gobernante, y de muchos periodistas duraron unas horas, hasta que empezaron a sobresalir las críticas hacia la poca labor que cumplen la mayoría de los, y las legisladores nacionales y provinciales, el grado de irresponsabilidad, pero por sobre todas las cosas las escandalosas cifras que cobran en materia de sueldos, dietas, pasajes y otros beneficios que exceden las posibilidades de un Estado que está colapsado desde hace décadas, y que ahora se encuentra atravesando una de las peores recesiones de su historia con una caída del Producto Bruto Interno del 19,1 por ciento.

El crecimiento exponencial de la riqueza de los funcionarios argentinos es inversamente proporcional a la pobreza de las clases medias y bajas del país. Teniendo en cuenta que los primeros además gozan de los denominados “gastos de representación” que incluyen asesores, choferes con sus correspondientes costos de movilidad en autos de alta gama, viáticos generales, etc.

Todo esto causa mayor estupor cuando se contrasta con una nación que tiene unos 3 millones de desempleados, de los cuales sólo algunos perciben paliativos estatales que van de 8500 a 10 mil pesos, porque a diferencia de muchos países donde se cobra el seguro de desempleo, en Argentina se imponen tantas trabas burocráticas que resulta casi imposible acceder a él. El bajo porcentaje de la población activa laboralmente casi no alcanza los $43.080 para poder satisfacer sus necesidades básicas, esto teniendo en cuenta que un Salario Mínimo, Vital y Móvil es de sólo 16.875 pesos.

La indigencia en el país sudamericano va camino al 10 por ciento y entre los 17 millones de pobres, un 63 % son niños. Por eso resulta inexplicable que unos 12 mil millones de pesos del presupuesto sean dirigidos al Parlamento, donde las cifras que cobran, quienes además tienen muy pocas sesiones al año, sean de manera comparativa, siderales con respecto a sus pares de países del primer mundo.

A estos gastos que se solventan con los bolsillos de los que tributan hay que agregar a quienes ocupan cargos que van desde concejales, legisladores municipales, intendentes, gobernadores y diputados distritales, ministros, secretarios, subsecretarios de Estado, hasta llegar al Poder Ejecutivo, donde se reciben haberes que tienen pisos de no menos de 150 mil pesos y que sobrepasan los $500.000. Esto, reiteramos, con todos los gastos cubiertos, los que van desde servicio permanente de mozos en todas las áreas que ocupan (obviamente con todos los alimentos que consumen sin limitaciones y a gusto), traslados en aviones y helicópteros con gatos de una excentricidad incompatible frente al panorama económico recesivo que se potencia día a día en un país que este año podría llegar a alcanzar una devaluación de su moneda que alcanzaría el 60 por ciento, algo que rebajará aún más el poder adquisitivo y la calidad de vida de la mayoría de los 47 millones de ciudadanos que sobreviven en la castigada Argentina.