La Fiscalía del Tribunal Supremo mantiene abiertas diligencias prejudiciales sobre las actividades económicas de Juan Carlos I, es decir, por el momento esta investigación no está judicializada ni hay ningún proceso formalmente en marcha de manera personalizada contra él.
Política - Justicia 06/08/2020 Servimedia¿Quieres publicar artículos?, envía el material junto con tus datos a [email protected] ¡Participa!
La Sala de vacaciones del Tribunal Supremo ha rechazado la adopción de medidas cautelares solicitadas por la entidad Òmnium Cultural contra el Rey emérito. En una providencia se recuerda que el sistema procesal español no contempla la adopción de medidas cautelares respecto de quien no tiene la condición de investigado, como es el caso de Juan Carlos l.
Òmnium Cultural presentó ayer martes ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo una petición urgente para activar la "búsqueda internacional" del rey Juan Carlos I para que "rinda cuentas ante la justicia".
La entidad soberanista presentó esta petición pocas horas después de que Juan Carlos de Borbón anunciara al rey Felipe VI su "meditada decisión" de trasladarse a vivir fuera de España ante la repercusión pública de "ciertos acontecimientos pasados" de su vida privada.
Òmnium, presidida por Jordi Cuixart, uno de los condenados en el juico del 'procés', pedía adoptar medidas cautelares, citar al Rey emérito a declarar de manera inmediata como investigado y que el juez le tome declaración. Además, instaba al Supremo a activar la Unidad de Policía Judicial para que "urgentemente acredite dónde está el Borbón fugado".
La Fiscalía del Tribunal Supremo, que investiga si el Rey emérito incurrió en alguna irregularidad punible en la gestión de su fortuna, defiende que Juan Carlos I dejó de ser inviolable el 19 de junio de 2014, momento en que se oficializó su abdicación a favor de Felipe VI. Por tanto, en caso de hallar indicios de los delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales, el Ministerio Público procederá en su contra.
La Fiscalía del Tribunal Supremo mantiene abiertas diligencias prejudiciales sobre las actividades económicas de Juan Carlos I, es decir, por el momento esta investigación no está judicializada ni hay ningún proceso formalmente en marcha de manera personalizada contra él.
(SERVIMEDIA)
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