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Argentina: Fernández amplió la cuarentena hasta el 28 de junio con un esquema de asistencia social injusto y desprolijo

Argentina 05 de junio de 2020 Juan Pablo Peralta Juan Pablo Peralta

TRES CHIFLADOS
Luego de un anuncio de más de una hora de duración en la Residencia de Olivos, y sólo cinco preguntas que el equipo de comunicación del Gobierno dejó hacer al periodismo (algo que no duró más de 25 minutos), el presidente Alberto Fernández, acompañado del titular del Ejecutivo bonaerense, Axel Kicillof, y del jefe comunal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, informó que la cuarentena obligatoria se extiende por otros 21 días más en la Argentina, exactamente hasta el domingo 28 de junio. El mandatario expresó que en los lugares donde haya circulación comunitaria del virus (Covid-19), en particular en el Area Metropólitana de Buenos Aires (AMBA), se mantendrá el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, con muy pocas flexibilizaciones. En el resto del país la situación será menos estricta, con distanciamiento obligatorio y habilitaciones, o restricciones, que dependerán de las decisiones que tomen los líderes distritales, como por ejemplo, reuniones de no más de 10 personas. En la Capital Federal se permitirá desarrollar actividad física a la población adulta entre las 20 hs y las 8 de la mañana, ajustando la seguridad policial en las calles, prometió el intendente Larreta, así como la apertura de locales de vestimenta (de cercanía) con los protocolos sanitarios correspondientes. Por su parte, en otra extensa exposición, Kicillof afirmó que debido a las últimas cifras de contagios en el Conurbano provincial, la situación se va a mantener como estaba, algo que cuestionan varios jefes comunales, especialmente de la oposición. Las salidas recreativas del fin de semana para los menores, según número de documento par o impar, siguen igual en la C.A.B.A. y sólo acompañando a mayores, a la hora de realizar compras de alimentos en comercios cercanos, en la Provincia de Buenos Aires. La asistencia de estudiantes a los colegios y universidades continúan suspendidas en todo el país, al igual que el cierre de fronteras, los espectáculos públicos, el tránsito interjurisdiccional, un eje que complica la actividad económica y la turística, que también seguirá prohibida. 

Poco y nada se habló sobre la grave situación que atraviesan las mayorías más pobres del país, y que terminado el gobierno de Cristina Fernández superaba el 30%, y al final del mandato de Mauricio Macri ascendía al 35,5 por ciento (16,1 millones de personas). Desde el inicio de la cuarentena la administración del Frente de Todos implementó un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de sólo 10 mil pesos. Un esquema que demostró desprolijidades e inequidades desde el principio, y se llevó puesto al entonces titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Alejandro Vanoli. Teniendo en cuenta que la canasta básica de alimentos para que una familia tipo (matrimonio con dos hijos), no caiga en la indigencia, está en 17.896,63 pesos, según cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), y el salario mínimo vital y móvil en $16.875, está claro que los más postergados permanecen en ese grave estadio de miseria por decisión de una corporación política que tiene salarios estatales que rondan entre los 150 y 250 mil pesos, y que obviamente esquiva el tema restringiendo la exposición de sus funcionarios a la prensa que no le es funcional. 

La gestión de Fernández ha otorgado beneficios a grandes empresas, que por lo visto no han guardado nada de sus multimillonarias utilidades en períodos anteriores, a través de un plan de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), que incluye desde pagos del 50 al 100 por ciento del salario de sus empleados (según cantidad), hasta la postergación de pagos de contribuciones patronales; jubilaciones, y prórrogas varias. Además de firmas poderosas, casi todos los medios de comunicación grandes del país han percibido esta ayuda, pese a que muchos de ellos abonan ilegalmente los haberes en cuotas a sus asalariados. Eso, más el temor a perder la fuente laboral, tiene a gran parte de los trabajadores de prensa en una situación de temor que por ahora permite al equipo de comunicación presidencial evitar malos tragos en las pocas conferencias de prensa que se están dando, a diferencia de lo que ocurría apenas asumida la coalición gobernante. El Secretario del área, Juan Pablo Biondi, y su segundo, Marcelo Martín, se desviven por mantener buenas relaciones con los medios que han sido muy críticos a la gestión de Cristina Kirchner, y que hoy son beneficiados con los ATP, algo que va en detrimento de la labor periodística de muchos otros, a quienes se les cicatea información, acceso a los ministros y secretarios, así como la posibilidad de hacer consultas en las ruedas periodísticas que se dan en Casa Rosada. El cronista acreditado por esta agencia y ECMC Noticias México-Argentina-España-Brasil-EE.UU., ya ha atravesado situaciones de este tipo por imposición de los que paradójicamente, tienen la responsabilidad de que se respete la libertad de expresión a la hora de desarrollar la tarea informativa. Ayer en Olivos, alegando cuestiones de "seguridad", no se permitió ingresar a los fotógrafos a la sala de conferencias y se puso personal interno para impedir bajo un control policial, que nadie grabara o sacara fotos con sus celulares. Algo insólito, teniendo en cuenta que la actividad se emitía en vivo por todos los canales a través de la señal oficial.

Volviendo al IFE, se esperaba que con la llegada al ANSES de la dirigente, Fernanda Raverta, se revirtiera el cuadro que dejó Vanoli, con millones de personas que se quedaron afuera del cobro por trabas burocráticas y desprolijidades, y que se incorporara a 500 mil desocupados que reciben planes sociales de $8500, y que sobreviven asistiendo con hijos a comedores y merenderos que desarrollan organizaciones sociales, religiosas y particulares. Sin embargo la flamante funcionaria mantuvo el mismo sistema, y hasta aseguro que ya recibieron esos 10 mil pesos, 9 millones de personas, algo que con sólo recorrer las zonas más vulnerables del gran Buenos Aires, queda absolutamente descartado. Raverta manifestó hace unos días que habrá un segundo pago a las mismas personas que cobraron el primer bono, y que se empezaría a acreditar en no menos de dos o tres semanas. Recordemos que la cuarentena va a cumplir 80 días y todavía hay familias que no obtuvieron ninguna ayuda monetaria, aunque desde Balcarce 50 se afirme lo contrario.

Nadie puede negar que la crisis económica y endeudamiento que dejó el macrismo ha comprometido las bases de sustentabilidad del Estado, pero el presidente Fernández garantizó antes de llegar al poder que el FdT, que encabeza con base en el kirchnerismo, volvía para ser mejor. No se entiende cómo el peronismo, la pata más fuerte de la alianza que está hoy al frente del Poder Ejecutivo, y que tiene su fundamentación histórica en la Justicia Social, no iguala hacia arriba los beneficios estatales que dirige a los postergados de siempre, decimos esto para no promover la baja de sueldos a los gobernantes, algo que el propio presidente desechó por considerarla injusta,. Y tampoco se comprende porqué se repiten los errores del pasado, interfiriendo, directa o indirectamente, en las empresas periodísticas, y en particular en la labor diaria de los trabajadores de prensa, a quienes se vuelve a escatimar la información y se intenta dividir, centralizando un poder comunicacional que ya se demostró, resulta siempre adverso a quien pretenda imponerlo desde el gobierno de turno, sea a corto o mediano plazo. Nos referimos a algo que ya produce una tensión latente entre las obligaciones del Poder y los derechos de quienes informan al respecto.

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