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El radical Walter Ceballos afirma que la reforma judicial busca impunidad, e intervenir la Justicia jujeña, quitar autonomía a las provincias

Argentina 07 de marzo de 2020 Juan Pablo Peralta Juan Pablo Peralta

WALTER CEBALLOS

El próximo martes 10 de marzo la Cámara Alta argentina comenzará a tratar en Comisiones un polémico proyecto que pide la intervención del Poder Judicial de la provincia de Jujuy. El mismo fue presentado por el senador Guillermo Snopek en medio del reclamo del diversos sectores del gobierno nacional para que se libere a la líder de la Organización Social Túpac Amaru, Milagro Sala, detenida en enero de 2015 debido a un acampe que se desarrolló  junto a cooperativas para hacer diversos reclamos al recién asumido gobernador radical, Gerardo Morales. En ese marco, en diciembre de 2016, fue condenada a tres años de prisión en suspenso, por considerársela instigadora de daños agravados en ocasión de un escrache contra el primer mandatario jujeño.  A partir de allí diversos dirigentes del kirchnerismo hicieron denuncias en varios organismos internacionales por considerarla una presa política.

El dilema se potenció con la derrota de Mauricio Macri. Frente a las custionadas prisiones preventivas que la Justicia Federal impuso a ex funcionarios que integraron el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, la administración central que encabeza el presidente Alberto Fernández, propuso una reforma judicial que tiene fuerte resistencia desde la oposición que encabeza Cambiemos, integrado por el PRO, la UCR y la Coalición Cívica.

El Secretario del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, Walter Ceballo, salió a explicar porqué su partido y aliados consideran la reforma y el proyecto de Snopek como una avanzada sobre las autonomías provinciales y la Justicia argentina.

En diálogo con la agencia internacional Globatium el histórico dirigente radical expresó que "esto se inscribe en un plan del Frente de Todos para intentar garantizar la impunidad. O sea que no sean evaluados por la Justicia, o eventualmente condenados por el Poder Judicial, ni los hechos de impunidad del pasado, ni del presente ni del futuro. Y para esto se están buscando distintas herramientas, una es el intento de vaciamiento primero, de abrir espacios en la Justicia Federal, en realidad esto empezó en diciembre del 2015, no aprobándole el PJ en sus distintas versiones, la amplísima mayoría de los pliegos propuestos por la gestión del ex presidente Macri que durante cuatro años propuso 187 jueces, que rindieron concurso en el Consejo de la Magistratura, que fueron seleccionados en la terna por el presidente, que llegaron a la Comisión de Acuerdo, y de esos 187, fueron 60 los que tuvieron dictamen favorable de la comisión, solamente, y de esos 60, en cuatro años se aprobaron solamente 14, ninguno del fueron penal, nada más del fuero civil y laboral.

Ceballo agregó que "el segundo paso fue, supuestamente, en nombre de una Solidaridad, modificar las condiciones de jubilación de los magistrados, de los empleados y funcionarios de Cancillería. Esto tiene como consecuencia potencial que alrededor de 250 magistrados judiciales adelanten su jubilación ante un cambio de régimen que les amplía la edad para jubilarse y les baja la remuneración cuando se jubilen, entonces esto va a motivar que en defensa propia, alrededor de 250 más pidan su retiro. Esto haría la posibilidad de que el oficialismo tenga las herramienta institucionales en el Consejo de la Magistratura, por supuesto en Presidencia de la Nación, y en el Senado de la Nación, donde son mayoría desde el 10 de diciembre de 1983, pueda aprobar 400 jueces propios, a propuesta de ellos exclusivamente". 

Sobre la posible intervención del Poder Judicial de Jujuy, Jorge Ceballos entiende que "la segunda pata es la violación de las autoridades, de las autonomías provinciales, que esto ya se vio en la Argentina de la década del ’90 con el menemismo, explicó, y además manifestó que "cuando hay un gobierno provincial que no es del palo, o que siendo del palo, tiene posiciones distintas de las que pretende llevar adelante el gobierno nacional, entonces una de las herramientas de mayor nivel de condicionalidad son esas intervenciones. La Intervención constitucionalmente, de cualquiera de los poderes de los tres poderes, está taxativamente explícita en la Constitución Nacional, en el Artículo 6, que son los causales, y en el Artículo 75 , inciso 31, y el procedimiento para intervenir una provincia es la sanción de una ley. No hay ningún causal, en la provincia de Jujuy, absolutamente ningún causal. Acá hace aproximadamente tres semanas apareció una denuncia en un medio periodístico digital que dirige Verbitsky (Horacio) diciendo que había un audio del presidente del Superior Tribunal de Justicia. La semana pasada una auditoria informática de una cámara federal detectó que eso había sido editado, que era falso, que era trucho. Luego apareció primero voceado por la doctora Peñafort (Florencia), que es la mano derecha, jurídicamente, de Cristina Fernández en el Senado, diciendo que había una empleada del Poder Judicial que había denunciado que había sido abusada por el ex presidente del Superior Tribunal de Justicia, Baca (Pablo), que integra el STJ, pero ya no es su titular, esa denuncia ha sido presentada periodísticamente pero no ha sido formalizada en ningún tribunal todavía. Entonces es general el estrepito fori (Foro), en el medio de que apareciera la auditoría informática y esta nueva denuncia también contra el juez Baca, que de hecho de confirmarse que fueran reales, no significa que haya una falta de administración de Justicia, que es la causal constitucional, a lo sumo habrá que evaluar cómo lo está haciendo la legislatura de Jujuy, la conducta del magistrado, pero esto no significa no tener Justicia".

Ceballos explicó que "en el medio de esto aparece el proyecto del senador Snopek, que es infundado, falaz, y ciertamente preocupante, desde el punto de vista institucional, pero lo más preocupante es que en la primer sesión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, lo pone como tema número uno a hacer tratado. Que por supuesto hay un trámite institucional y debe ser tratado, lo que me parece es que esto forma parte de una segunda herramienta de coacción a los gobiernos provinciales, y que también tiene que ver con la impunidad, y esta coacción a los gobiernos de algunas provincias, particularmente de Mendoza, Corrientes, Jujuy, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Según manifiesta el hombre del Comité Nacional del Radicalismo "esa coacción implica quitarles recursos propios, restringiéndoselos por modificaciones, negarles inversiones del Estado nacional en esas jurisdicciones, avanzar con no aprobarle acuerdos de endeudamiento para que puedan refinanciar sus deudas o financiar obras públicas, demorarles las aprobaciones de organismos nacionales que tiene que ver con las cuestiones hídricas, ambientales, y que cuando ninguna de estas alcanza, entonces aparece un proyecto de intervención a la Justicia, que es la manera más subjetiva, manipulada, de intentar desgastar primero y condicionar después, el libre ejercicio autonómico de los gobiernos provinciales como dice también la Constitución Nacional.

Al cerrar el reportaje Jorge Ceballos afirmó que "el frente de Todos tiene los votos para aprobar el proyecto, lo que tendrá también es la responsabilidad de avanzar en una crisis institucional de la Nación argentina", y sumó
"como ya dije, el peronismo maneja la mayoría en el Senado y todos los jueces federales que tienen competencia penal los designó el peronismo en sus distintas gestiones, todos; los de la servilleta, los de los Cavallo, etc.
Nosotros hemos sido impulsores de la revisión de la conducta de jueces como Oyarbide y otros. Los jueces actúan bien o mal y están los mecanismos institucionales. Después de la reforma del ’94 está el Consejo de la Magistratura, que también desde que se creo, salvo en el período 2017-2019, siempre tuvo mayoría del peronismo. Entonces quiero decir que a los jueces no se los puede englobar en generalidades, que los jueces actúan por causas, bien se dice que los jueces hablan a través de sus sentencias, y siempre hay cosas para mejorar. Hay una gran demanda de mejora en la Justicia argentina, a veces esa demanda se debate mucho popularmente y después no se ponen en marcha los instrumentos que permitan que lo jueces deban ser evaluados con mayor seriedad, y no tan al amparo de quien ejerce la mayoría, o quien ejerce el gobierno en la Argentina, pero de última, será en definitiva un déficit de toda la Justicia: federal, provinciales, pero lo que digo es desde el punto de vista institucional y republicano, los mecanismos para evaluar la conducta de los jueces están y hay que evaluar a cada uno de ellos en cada una de sus actuaciones, que en definitiva son sus sentencias".      

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