Comisiones Obreras denuncia que varias residencias privadas y concertadas de la Comunidad de Madrid han pedido a sus trabajadores y trabajadoras que se realicen la prueba de detección del COVID-19, las conocidas como PCR y sufraguen ellos mismos el coste de realizarla.
El sindicato señala, además, que se les está exigiendo a sus empleados y empleadas «que utilicen sus últimos días libres mientras esperan el resultado de las pruebas, porque de lo contrario esos días laborables hasta recibir los resultados se los descontarían del sueldo».
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) indica que el coste de las medidas de seguridad y salud en el trabajo corren a cargo de las empresas. Como medida preventiva y ante el aumento de los contagios, se ha establecido la necesidad de realizar PCR de control a los y las profesionales que se incorporen después de una ausencia, ya sea por libranza, vacaciones o por baja médica.
CCOO Sanidad Madrid presentó ayer lunes la primera denuncia ante la Inspección de Trabajo, contra una residencia especializada en mayores con la enfermedad de Alzheimer, en la localidad madrileña de Getafe, porque se ha negado a realizar las pruebas a sus profesionales. El sindicato considera que las medidas de filtrado son una clara responsabilidad empresarial, por lo que se deben habilitar los mecanismos para poder llevar a cabo dicho cribado de manera eficaz, a todos y cada uno de los trabajadores y trabajadoras para asegurar una barrera a la posible transmisión comunitaria y contagio.
Como responsabilidad empresarial, “los procedimientos han de tener en cuenta los plazos mínimos para poder obtener resultados y que exista constancia de que se actúa de manera preventiva”, explica Rosa Muelas, secretaria de Salud Laboral de CCOO Sanidad Madrid.
“Tenemos conocimiento de que existen centros donde se exige que el tiempo de espera para contar con los resultados corran a cuenta de los días de libranza de los propios trabajadoress y trabajadoras, incluso, se les está haciendo pagar el coste de la prueba vulnerando de manera evidente un derecho fundamental, el derecho a la salud”, afirma Muelas.
Con ello “están poniendo en riesgo la salud del resto de los trabajadores y trabajadoras y usuarios y usuarias, lo que podría constituir un delito contra la Salud Pública. Y, además, con su irresponsabilidad vulneran de manera evidente la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) que en su artículo 14.5 dice: ‘El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer en modo alguno sobre los trabajadores’.
Desde CCOO, apostilla Muelas, “exigimos el cumplimiento de la LPRL y la adopción por parte de las empresas de las medidas preventivas que son de su entera responsabilidad y su competencia
