Por: Juan Pablo Peralta – DESDE CASA ROSADA
Mientras el lunes pasado en Olivos y Casa Rosada se esperaba la condena que pediría el fiscal Diego Luciani a Cristina Kirchner, la población amanecía con otra mala noticia que casi pasó desapercibida: la petrolera YPF anunciaba un aumento del 7,5% promedio en el valor de los combustibles, otro costo que pasará a precios e irá a parar a la inflación de agosto. A gente con varias décadas encima les recordó aquellos avisos nocturnos de otras administraciones que decían al final de la jornada “a partir de las 00hs aumenta el precio de…”, y se iniciaba una larga lista de productos o servicios que iban a doler más al bolsillo.
Cuando se supo que se pedían 12 años de prisión efectiva para la Vicepresidenta, e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, el aumento se corrió de la agenda, al igual que la llegada al ministerio de Economía del dubitativo Gabriel Rubinstein. Algo que Sergio Massa, que sigue siendo su propio portavoz, hizo público –como viene siendo costumbre- a través de su cuenta personal de Twitter.
Ese día, Alberto Fernández desistió de participar en un primer acto semanal por obras en la Estación Constitución, que encima se cruzaba con una actividad del superministro de Economía. El hombre se quedó en la residencia presidencial elaborando un potencial texto a publicar luego de lo que se definiera en Comodoro Py.
La portavoz Gabriela Cerruti sugirió comunicarlo ella misma en el Salón de Conferencias de Casa de Gobierno, pero la idea quedó desechada rápidamente. Imitando al nuevo titular de Hacienda, el Presidente habló por sus redes sociales mediante un comunicado en el que decía que era “un día ingrato” para él. El escrito empezaba diciendo que “El Gobierno nacional condena la persecución judicial y mediática contra la Vicepresidenta Cristina Kirchner”.
La misiva fue cuestionada por alguno de los integrantes del Frente de Todos, entre ellos, por el ex ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, quien dijo: «Es triste, solitaria y final», y la calificó de extemporánea, criticándole además al mandatario, la designación que hizo al asumir la presidencia de la Nación, de Marcela Losardo como titular de Justicia.
La coyuntura sacó a relucir nuevamente las internas que el oficialismo ahora trata de disimular más que nunca ante la opinión pública. La primera operación desde las usinas albertistas promovieron la versión de que Fernández se había comunicado directamente con su compañera de fórmula para transmitirle solidaridad, y agregaron que acordaron reunirse en persona en cuestión de días. Algo que el propio jefe de Estado desmintió en un medio televisivo 48 horas después.
En ese contexto, que impelía a mostrar una rápida unidad del Peronismo en todas sus variantes -a la vez que hizo brotar intereses personales- el Consejo del Salario Mínimo (empresas, gremios y Gobierno) fijó un sueldo que recién en noviembre de este año llegará a $57.900, previas escalas de $51.200 en septiembre y $54.550 en octubre.
Metas de ingreso que se contraponen a lo que cobran desde el Presidente hasta sus ministros, secretarios, subsecretarios, etc. Funcionarios que embolsan por mes entre 300 y 800 mil pesos, que suman privilegios que giran en torno a viajes al exterior -totalmente cubiertos con fondos del Estado-, automóviles de alta gama, choferes, secretarias, asesores, celulares, viáticos de todo tipo, y bastante más.
Lo judicial bajó a un plano inferior a los datos de la inflación que se detectó en los alimentos, que en lo que va de este mes ya superó el 5 por ciento. En esa maraña -de lo que hasta propios y extraños denominan “el ajuste de Massa”– también salió una resolución administrativa que achica el presupuesto en Salud, Educación, Transporte, Producción y Obra Pública. Se trata de unos $210.000 millones menos para esas áreas estratégicas que generaron repudios de docentes, trabajadores de la salud y usuarios de colectivos y trenes, que de todos modos aún no salieron a movilizarse como en otras ocasiones donde se tocaron esos sectores tan gravitantes del fisco.
El martes, la senadora Kirchner hizo (a través de su esquema multimedia en redes) el alegato que no le permitió realizar la Justicia. Allí vinculó a su ex secretario de Obras Públicas, José López, con el empresario Nicolás “Nicky” Caputo, amigo «de la vida» de Mauricio Macri, y expuso otras relaciones entre quienes considera que van por ella y los peronistas, a los que tocó su fibra íntima pidiendo a sus seguidores -desde un balcón del edificio de la Cámara alta- que entonaran la histórica Marcha, que tantas veces evitó en actos del pasado no tan lejano.
Como suele hacer la vocería oficial en Casa de Gobierno, se convocó para un off a unos pocos medios y se discriminó a otros con el fin de operar con dos crónicas. La primera aseguraba que, para el Presidente, Cristina “estuvo espléndida en su discurso”. Parecer, que, según la garganta profunda, le comentó a Julio Vitobello (Secretario de la Presidencia) y al intendente de José C, Paz, Mario Ishii.
La segunda información fue un poco más jugada, y por lo que pasó poco después, no contó con la anuencia del kirchnerismo. «Alberto analiza seriamente indultar a la Vicepresidenta. Se trata de una herramienta legal del Presidente que suele aplicarse luego de una condena. Podría ser por razones de paz social”, se le dijo a las elegidas propaladoras mediáticas.
Sin agenda presidencial, el martes todo era superado por las declaraciones que se iban sumando en dirección a brindar apoyo a la dos veces ex mandataria. Asimismo, retumbaban en canales, radios e Internet, las voces opositoras que celebraban los requerimientos de la fiscalía y cuestionaban el accionar de Cristina y el FdT. Entretanto, en Rosada todo esto se ignoraba porque inevitablemente surgían otras prioridades. La situación permitía que se le abrieran las puertas a Fernández para retomar el protagonismo perdido con la llegada del tigrense al Palacio de Hacienda.
En ese clima, pasó inadvertida una jornada bastante compleja en los mercados. Persistió el esquema de microdevaluación del peso con respecto al dólar, que marcó un billete verde a $143,75, un blue a $297, y un Contado Con Liquidación batiendo récords: $317,49.
Así fue como la mesa chica del titular del Ejecutivo definió que se aceptaría la invitación a un programa periodístico que Fernández visitó frecuentemente en épocas en que hacía duras críticas a Cristina Kirchner. Manteniendo la lógica en la que el Mandatario no da conferencias de prensa a los acreditados en la Rosada para evitar preguntas incómodas, se decidió suspender un viaje a Catamarca -que se había agendado oficialmente- y se resolvió trabajar intensamente en la exposición, que, por la noche de ese miércoles, el Presidente haría en la nave insignia del grupo que encabeza un viejo amigo suyo, Héctor Horacio Magnetto.
Antes, para potenciar su perfil de jurisconsulto, Alberto retornó a la UBA y dio una impensada clase en la cátedra que tiene en Derecho Penal. También estuvo en una fugaz firma de acuerdos entre cooperativas de la economía popular y la empresa de supermercados Chango Más, del empresario Francisco de Narváez. Esa actividad en las oficinas comerciales de Villa Urquiza, junto a Emilio Pérsico, se dio a conocer después de realizada para evitar a la prensa y a posibles “escrachadores”.
Cuando se conoció la movida de esa vuelta de Fernández a Todo Noticias, hubo desconfianza en el Instituto Patria, especialmente por ese apoyo, para muchos, sobreactuado, a la Vice. Molestó mucho el off que divulgaron los cotos del albertismo que arrojó la posibilidad del indulto. «Sería exponerla como una rea indultada», bramó a PolíticayMedios un alto dirigente kirchnerista que prefirió el anonimato. Más tarde fue Oscar Parrilli quien transmitió el mensaje de su jefa a través de un tuit: «Para CFK ni indulto ni amnistía: Justicia».
En esa mitad de semana compleja, inesperadamente hubo una convocatoria urgente -y sobre la hora- para que la prensa acreditada en Casa de Gobierno subiera al Salón de Conferencia en el segundo piso. No se sabía quién hablaría ni que se iba a dar a conocer. Después de varias especulaciones, apareció en escena la portavoz Cerruti, quien con una hoja en la mano y sus gafas leyó una carta de respaldo a la Vicepresidenta firmada por el propio Fernández y los presidentes de Bolivia, Luis Arce; el de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Colombia, el recientemente asumido, Gustavo Petro.
La entrevista que el jefe de Estado concedió a dos de los periodistas emblema de la señal del multimedios más grande de la Argentina, comenzó como cualquier otra y sin demasiados sobresaltos, pero tuvo un quiebre donde todo se definió en una suerte de rápido contragolpe futbolero. Alberto Fernández señaló inesperadamente que “hasta acá, lo que le pasó a Nisman es que se suicidó. Hasta acá no se probó otra cosa. Yo espero que no haga algo así el fiscal Luciani”.
La tormenta comenzó a tronar desde los bloques opositores, que hasta firmaron un proyecto de Juicio Político, y de organizaciones de la colectividad judía, tal el caso de la DAIA, que manifestó que “no es cierto lo que dijo el Presidente”. De todos modos, no faltaron los mal pensados que leyeron en los dichos del Primer Magistrado, algo alejado a una frase desafortunada, sino una clara intencionalidad que perjudica a quien lo criticó durante más de dos años y medio de mandato, y a su ahora “segundo delfín”, el ex titular de la Cámara de Diputados, que continúa bregando para no caer en la opacidad en la que ingresó Juan Manzur. El tucumano que ahora pide lugar en el bote massista, y observa con más resquemor al golpeado Fernández, que todavía pelea por no caer en la trampa del eclipsamiento al que lo quiere someter La Cámpora cristinista.
Después del barullo post nota televisiva, fue Gabriela Cerruti quien salió a negar lo innegable. “El Presidente Alberto Fernández no hizo ninguna comparación (entre Nisman y Luciani). La comparación la hicieron los periodistas”, expresó frente a la prensa acreditada, y redobló la apuesta al afirmar que “no hay ninguna instancia judicial que diga que el fiscal Alberto Nisman fue asesinado”.
Lo cierto es que hasta ahora, y sin juicio, la Cámara Criminal y Correccional Federal, sostiene que se trató de un asesinato, y en diciembre de 2017 el juez federal, Julián Ercolini, procesó a Diego Lagomarisno como partícipe necesario del delito de homicidio simple agravado por el uso de armas, y también a sus custodios. El 1º de junio de 2018, la Cámara Federal confirmó los procesamientos y volvió a dictaminar que lo que se investiga es un asesinato.
La estrategia empleada por la funcionaria (antes y después de la nota) no cayó bien en varios despachos de Casa Rosada, según pudo saber este medio. Hasta la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, le pidió al mandatario que hable menos y le preguntó quién le escribe los discursos. En el marco de esa conferencia de los jueves (esta vez a la mañana) PolíticayMedios consultó a Cerruti sobre la intromisión del Poder Ejecutivo en el Judicial, a lo que respondió, entre otras cosas: «Hoy no está en cuestión la Justicia, lo que está en cuestión es el Poder Judicial de la Argentina porque es una casta que no ha permitido que se la reforme, que se pueda avanzar en democratizarla».
Estos cinco días -que no dieron tregua- concluyeron con la novedad de una ampliación del cepo para la compra del Dólar Ahorro. Decisión que perjudicará a 9 millones de personas que solicitaron subsidios para mantener el beneficio frente al tarifazo de luz, gas y agua. Por su parte, Alberto Fernández iba a viajar a Ushuaia para descansar el fin de semana junto a su hijo Francisco y Fabiola Yáñez, pero una vez filtrada la novedad se salió a desmentirla desde la vocería, lo que hizo que la cosa quedara en un cono de dudas, que se mezclaron con reuniones en Olivos con el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos y la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra.
La militancia camporista, el peronismo porteño (y nacional), junto a diversas organizaciones y agrupaciones oficialistas, iniciaron un operativo de protección a Cristina. Una guardia pretoriana la acompaña en su departamento de Juncal y Uruguay en el elegante Barrio de Recoleta. Las convocatorias a marchar por ahora quedan relegadas a algunas plazas, pero se empieza a conformar la idea de grandes convocatorias con fechas a definir: una el 16 se septiembre (al conmemorarse 67 del golpe de Estado a Perón), o el 17 de octubre, el día de la Lealtad peronista.
Quienes hasta hace poco se repelían por diferencias en la gestión, se encolumnan por estas horas en una causa común, pero con matices e intereses propios que se notan mucho cuando se levantan las alfombras del Poder.
La idea de que gobierna Cristina, propone (y acata) Sergio, mientras Alberto juega a representar el orden institucional, se ve atravesada por las circunstancias. Fernández entiende que, si la economía va mal, será responsabilidad de un Massa avalado y respaldado por la Vicepresidenta, quien ahora lo necesita. Algo que, infiere, neutralizará las diatribas a su administración hasta el final del mandato.
Un proceso que le da tiempo a todos para llegar al 2023 con más oxígeno y posibilita reunificar fuerzas en base a potenciar el enfrentamiento con un macrismo que pelea su interna entre acusaciones cruzadas que también lo perjudican.
Falta que corra mucha agua bajo el puente, pero no hay dudas de que la batalla judicial y política, con el trasfondo de los números económicos, será decisoria a la hora de definir quién será el próximo inquilino en Balcarce 50, y ese es el punto.
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