A la mayoría de los argentinos les cuesta entender que el presidente Fernández y su administración comenzara a afirmar hace pocas semanas que la situación está mejorando, simplemente porque cuando ingresan a cualquier comercio de alimentos certifican que desde que se decretó la cuarentena, el 20 de marzo pasado hasta ahora, los precios de carnes, verduras y otros productos de la canasta básica se incrementaron más del doble.
A fines de febrero, cuando esta agencia de noticias consultó al propio mandatario sudamericano, en la sede gubernamental, sobre el esquema de Precios Cuidados (VER), éste manifestó que el plan estaba funcionando pero que de todos modos él no estaba conforme. Desde entonces, y con la llegada del Covid-19 al país, todo se fue deteriorando mucha más, tanto los ingresos de los trabajadores, la inflación y su consecuente devaluación del peso, el cierre de miles de pequeñas y medianas empresas, también comercios, y los millares de despidos que eso generó.
Pese a no ser más que paliativos, los subsidios de Asistencia a la Producción y el Trabajo, así como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), junto a la entrega de alimentos, planes mínimos subsidiarios, y la Asignación Universal por Hijo (AUH), han frenado estallidos sociales como los que ya ocurrieron en el final del gobierno radical de Raúl Alfonsín en 1989 y el de Fernando De La Rúa en 2001, del mismo espacio en alianza con un sector disidente del peronismo. Pero lo grave, es que la pobreza estructural de la Argentina sigue creciendo, así como la imparable brecha entre ricos y pobres. Según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), el 10% de la población con ingresos más altos gana en promedio 23 veces más que el 10% de ingresos más bajos, algo insostenible a la hora de evitar que se destruya el tejido social.
Luego de los 12 años de kirchnerismo, y pese a que muchos sectores mejoraron su situación, quedó un 30 por ciento de gente que continuó siendo pobre. El macrismo sumó otro 22 %, y la actual administración, con una cuarentena que lleva más de cinco meses, va camino a superar el 55 por ciento, y para algunas consultoras privadas esa cifra puede llegar al 60. Cuando no se dio contención estatal, como si se viene haciendo desde 2002 para acá, hubo caldo de cultivo para explosiones sociales que dieron nacimiento a las organizaciones sociales que se disputaron el control en el reparto de planes, y luego de alimentos para comedores y merenderos, cuando las cosas se fueron complicando cada vez más.
Hoy la absoluta falta de inversión que combata el escandaloso déficit habitacional produce rehenes para dirimir las internas entre los ex líderes sociales (hoy convertidos en subsecretarios de Gobierno), la Nación, y los jefes comunales, que no quieren ceder beneficios en los proyectos que intenta impulsar el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y que tienen que ver con nuevos formatos asistencialistas como el Plan Potenciar Trabaja, que otorgaría salarios mínimos de 17 mil pesos con contraprestación laboral de 8 horas. Tareas que los mandamás distritales deberían otorgar a las personas que los líderes sociales designaran.
Las masivas usurpaciones de terrenos en el Conurbano bonaerense y otras provincias, justificadas por la gente que participa de ellas con la imposibilidad de seguir alquilando por la suba de precios y evitar la situación de hacinamiento que viven en lugares muy reducidos que impiden el aislamiento que exige la cuarentena, son la continuidad por la pelea de poder dentro del frente gobernante y también entre los dirigentes sociales que Alberto Fernández y Cristina Kirchner decidieron incorporar o dejar afuera del armado que enfrentó a Mauricio Macri.
La oposición celebra esta avanzada contra la propiedad privada y estatal mientras ellos no están al frente del Ejecutivo nacional ni del de la provincia de Buenos Aires, pero hay una pregunta que es imperiosa hacer en este contexto, si el problema de la vivienda no se incrementó ni agravó en sólo 7 meses, y viene desde hace décadas, ¿por qué nunca estalló de esta manera con el gobierno de Cambiemos?.
No son pocos los dirigentes kirchneristas del Frente de Todos que en los pasillos de Balcarce 50 aseguran ofuscados que la relación entre los cabecillas de las organizaciones sociales que hoy están en el Gobierno, especialmente Emilio Pérsico y su subalterno, Fernando «Chino» Navarro, sigue siendo mejor con la oposición, que les concedió todo lo que pidieron a través de la ex titular de Desarrollo, Carolina Stanley, que con ellos. Una situación que nadie sabe cómo va a terminar si las tomas continúan.
