Ninguno de los problemas que atraviesa la República Argentina están disociados. La semana pasada dimos cuenta de como la administración del Frente de Todos intentó hacer un relanzamiento de gestión a través de los acuerdos alcanzados con los bonistas extranjeros (VER). El problema fue que mientras esto sucedía se daban una serie de factores que empañaban la jugada oficial. A la grave crisis económica que dejó la Alianza Cambiemos, y que se potenció con la cuarentena cerrada que decretó el presidente Alberto Fernández hace más de cinco meses, se iniciaba a la vez, una serie de masivas y sospechosas tomas de tierras privadas y fiscales en el populoso territorio de la provincia de Buenos Aires, la más importante del país.
Aunque nadie niega el déficit habitacional en esos territorios, en pocos días las extrañas usurpaciones se ampliaron en diversos municipios bonaerenses como nunca antes, y también en zonas del sur patagónico. Altos funcionarios de Gobierno hicieron públicas sus diferentes visiones sobre el fenómeno y llegaron a acusarse por estar detrás de las mismas. “Fuego Amigo” las denominó el ministro de Seguridad de la PBA, Sergio Berni, quien manifestó en reiteradas oportunidades que tiene como única jefa política a la vicepresidenta Cristina Kirchner.
Los ataques internos del sector kirchnerista de la coalición gobernante fueron dirigidos directamente a los referentes del Movimiento Evita: Emilio Pérsico y Fernando “Chino” Navarro, uno secretario de Economía Social del Ministerio de Desarrollo, y el segundo con despacho en Casa Rosada, en el cargo de Secretario de Relaciones Parlamentarias de la jefatura del Gabinete de la Nación. Lo cierto es que ambos dirigentes han perdido poder dentro de la propia organización social con la que llegaron al Gobierno, ya que son fuertemente cuestionados por no haber respondido a las necesidades de sus propias bases, que esperaban salir del esquema de paupérrimos planes sociales, que apenas alcanzan 8500 pesos, poco más de 65 dólares mensuales (sin cobertura médica ni jubilación) para poder acceder a trabajos genuinos que cubran una canasta básica de alimentos, que para una familia tipo (matrimonio con dos hijos) hoy supera los $43 mil.
Por eso la vinculación que puedan tener estos dirigentes sociales, y a la vez funcionarios, es relativa. No tanto la de otros representantes de organizaciones que quedaron fuera de la administración central, punteros narcos, y mafias que promueven estas prácticas hace décadas en el Conurbano, pero por supuesto, en muchísima menor escala.
Para sumar problemas a la región más rica, pero más empobrecida de la Argentina, en la provincia de Buenos Aires se suma a la ocupación de terrenos, un reclamo salarial generalizado de la Policía local que no tiene antecedentes, una fuerza que con 90 mil uniformados es la que tiene mayor cantidad de efectivos en toda Sudamérica. Otro tema que intensifica el grado de conflictividad que enfrenta el gobernador Axel Kicillof y su responsable de la seguridad, Berni, pero también el propio presidente Fernández.
Los sueldos policiales, al igual que el de todos los rubros laborales argentinos, están muy por debajo de la imparable inflación local que viene desde bastante antes de 2015. Cualquier reclamo que se haga en ese aspecto desde todo sector es legítimo, lo que no se logra comprender desde la actual coyuntura política, es por qué ninguno de estos acontecimientos se dieron en la anterior gestión, donde la debacle económica creció a pasos agigantados. Lo único que diferencia los cuatro años de macrismo con los 10 meses del Frente de Todos, es la pandemia y la potenciación de la recesión por la extensa cuarentena que todavía sigue.
El sector duro del oficialismo, al que se reconoce como el ala kirchnerista, que endilgó las usurpaciones territoriales a organizaciones sociales que les son esquivas, que se resguardan tras la figura de un desgastado Alberto Fernández, y que tuvieron buenas relaciones con la gestión cambiemista, es el mismo que salió a asegurar que las inéditas movilizaciones y manifestaciones de la policía bonaerense son fogoneadas por efectivos exonerados que también mantienen lazos con el ex ministro de Seguridad de María Eugenia Vidal en la provincia de Bs. As., Cristian Ritondo.
A la problemática argentina que imponen estos hechos, se agrega otro confuso panorama en el Parlamento nacional, ya que el sector mayoritario de la oposición, Juntos por el Cambio, hizo una presentación judicial contra la decisión que tomó el oficialismo, a través de su presidente en la cámara baja, Sergio Massa, y avanzó con una sesión que es cuestionada por haberse desarrollado con el acuerdo que mantenía la forma de legislar de manera remota por cuestiones sanitarias, con los plazos totalmente vencidos.
Según el núcleo rígido opositor, lo que intenta hacer el kirchnerismo es imponer la reforma judicial, que en base a los argumentos que esgrimen, beneficiaría a Cristina Kirchner y a varios de sus funcionarios procesados en causas por corrupción, tal el caso de quien se sindica como su testaferro, Lázaro Báez, dando un golpe institucional. Todo esto ocurre a semanas de que un ex mandatario, Eduardo Duhalde, también utilizara la palabra “golpe”, para mezclar la idea de una descabellada avanzada militar con un potencial estado de anarquía.
Son varios los que no pueden evitar la tentación de hacer un combo con todos estos acontecimientos para concluir un prematuro cuadro de debilitamiento del tándem Fernández-Fernández. Lo que llama poderosamente la atención, es que quienes replican esa idea omiten que en la mayoría de los acontecimientos que se suscitan, hay voces que se hacen escuchar con un repetido repudio a la clase política en su totalidad. En especial por los inexplicables privilegios que detentan, por ejemplo el que se expone en los escandalosos sueldos que perciben, y que exceden los haberes de cualquier trabajador medio, algo que ocurre en un país que va camino a superar el 55 por ciento de pobreza.
