En medio de un extenso y denso proceso electoral, la República Argentina deberá pagar 16.000 millones de dólares al fondo Burford por haber expropiado las acciones de la empresa petrolera de bandera local, Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) que pertenecía a la española Repsol y al grupo Eskenazi.
El fallo de la jueza de Nueva York, Loretta Preska, resultó muy negativo al país donde se sabía que el juicio estaba perdido, aunque se pretendía pagar no más de uSs5.000 millones. El Estado argentino recién podrá apelar la sentencia después de las elecciones generales del 22 de octubre.
La diferencia entre la cifra de la sentencia y la pretensión argentina radicaba en calcular intereses según la fecha del ingreso de los accionistas locales en YPF y la fecha en que la expropiación fue aprobada por ley del Congreso nacional.
Argentina esperaba que la jueza Preska, del tribunal del Distrito Sur de Nueva York, señalara que la fecha de expropiación había sido el 7 de mayo de 2012, cuando salió la ley de expropiación. De esa forma, la compensación sería a partir de ese período. También se buscaba que la tasa de interés anual retroactiva que se iba a aplicar desde 2012, a 2023, fuera del 0 por ciento.
El fondo reclamante consideró que la intervención a la firma se materializó el 16 de abril, cuando el ministro de Economía de ese momento, Axel Kicillof, fue nombrado como interventor de la empresa, nombrado por la ex presidenta -y actual vice- Cristina Kirchner, desplazando a los accionistas privados. A partir de esa fecha hasta el 7 de mayo, las acciones de la compañía cayeron un 25%.
En ese contexto, Burford hubiera cobrado cerca de US$ 8.300 millones, aún con un 0% de interés, como quería Argentina. De todos modos, los litigantes aspiraban a que les reconocieran una tasa del 8% anual, lo que llevaría el cheque a US$ 16.000 millones, que fue lo que finalmente decidió la magistrada norteamericana. Es decir que la jueza se inclinó por la mayor penalización para la República Argentina.
Preska no solo usó la tasa del 8% sino que en su fallo aclara que la Corte determina ese interés porque le resulta «apropiado y equitativo», manifestando que «la mejor evidencia de que es una tasa justa es que es la que la República acordó en casos similares, como cuando le pagó a Repsol por su expropiación 5.000 millones de dólares en bonos gubernamentales, incluida deuda con un interés compuesto superior al 8%». Esa fue la negociación que Kicillof llevó adelante cuando era jefe de Hacienda.
Los US$ 16.000 millones que el país deberá pagar es más que el valor del 100% de YPF en la actualidad, tanto si se mide por el dólar oficial como por el libre. En el primer caso, la petrolera tiene una capitalización de US$ 12.200 millones, mientras que en el segundo, al dólar libre, tendría un valor de US$ 5.298 millones.
Tras conocerse el fallo, la acción de Burford se incrementó un 18% en la Bolsa de Nueva York, estableciéndose en US$ 16,37 por ciento.
Juan Pablo Peralta, periodista acreditado permanente en Casa Rosada y el Parlamento de la República Argentina.