- Belarra califica la norma como «un balón de oxígeno” para los profesionales tras los recortes y privatizaciones
El Consejo de Ministros aprobó este martes el anteproyecto de la primera ley estatal de Servicios Sociales impulsada en democracia; una norma que establece por primera vez unos mínimos comunes en toda España en esta materia, reduce las barreras de acceso a la protección social y posibilita la movilidad territorial.
Lo anunciaron la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, y la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que acaeció en el Palacio de la Moncloa.
En su intervención, Belarra comentó que los servicios sociales se configuran como un “eje fundamental de nuestro Estado de bienestar, quienes están ahí cuando las cosas se ponen más difícil para la gente; han sido y son un pilar fundamental de nuestro Estado de bienestar”.
Tras destacar que cuando se estaba dejando atrás un “enfoque asistencialista” y los servicios sociales comenzaban a atender las necesidades específicas de cada persona, “llegaron los durísimos recortes de 2012 y 2013 y las privatizaciones de muchas comunidades, que recurrieron a empresas ajenas al sector, lo que ha dado como resultado unos servicios sociales asfixiados”.
Así pues, la norma se presenta como una suerte de “balón de oxígeno” para los profesionales de los servicios sociales tras los mencionados recortes y privatizaciones y para los propios ciudadanos, que, a su juicio, deben entender que su prestación corresponde al conjunto de las administraciones públicas.
CUARTO PILAR
Ione Belarra recordó que los servicios sociales, competencia exclusiva de las comunidades autónomas, se han desarrollado con distinto ritmo y mediante inversiones y características diferentes en cada territorio, generándose importantes desigualdades que limitan el ejercicio en igualdad de los derechos recogidos en el Capítulo Tercero de la Constitución.
Por ello, la ministra explicó que la ley nace con la pretensión de consolidar el denominado cuarto pilar del Estado del bienestar en España y con la aspiración de fomentar la igualdad de los ciudadanos, con independencia de su lugar de residencia.
Lo hará consolidando en la legislación española la modernización de los servicios sociales que ya se han puesto en marcha a través de los fondos europeos, que plantean una inversión de 875 millones de euros entre 2021 y 2023.
Destacó que la norma se ha desarrollado desde el reconocimiento de que todas las personas son o pueden llegar a ser potencialmente usuarias de los servicios sociales en algún momento de sus vidas, y con el deseo de que esa red de apoyo llegue a ser “más tupida, más robusta y adaptada a las necesidades” de cada individuo.
Del mismo modo, su departamento ha tenido presente que los servicios sociales forman parte de un “sector muy castigado” por la pandemia, por lo que resulta necesario reconocer el “gran esfuerzo” efectuado por sus profesionales, a los que considera tan esenciales como el personal sanitario o los profesores.
La norma establecerá un suelo de protección para los servicios sociales, que se articulará a través de una hoja de ruta para que las comunidades autónomas acuerden, en el seno del Consejo Territorial, un mínimo común en toda España.
A su vez, el propio Consejo Territorial también acordará en los próximos meses los estándares mínimos de calidad de esas prestaciones y servicios, incluyendo las ratios de profesionales con el objetivo de “fomentar la igualdad en el territorio, respetando siempre las competencias exclusivas autonómicas”.
Una de las grandes novedades del texto es el establecimiento, tal y como sucede en el caso de la sanidad, de la movilidad territorial, evitando la exclusión que actualmente existe en el acceso a algunas prestaciones de los servicios sociales.
Por otro lado, la ley busca reforzar el sistema y la orientación de los servicios sociales hacia una atención más personalizada, más integral e inclusiva, reduciendo las barreras de acceso a la protección social; se trata de sentar las bases de un nuevo modelo de servicios sociales, un camino que algunas legislaciones autonómicas ya han comenzado, “alejado de un enfoque asistencialista y centrado en la emergencia”.
En ese sentido, se pretende “modernizar los servicios y reducir las cargas burocráticas que supongan un uso ineficiente de recursos públicos”, lo que, tal y como atestiguan los usuarios de estos servicios, “dificulta el acceso y puede generar violencia administrativa, contraria a la dignidad de las personas”.
De este modo, se establece un plazo para la creación de una regulación específica para las ayudas económicas de emergencia social en el marco de la Ley de Subvenciones, con el fin de que las mismas “puedan dar respuesta ágil a las situaciones de mayor necesidad a las que se enfrentan personas y familias en riesgo de exclusión social”.
EMPADRONAMIENTO
Otro de los cambios que incorpora la norma es el reconocimiento de “la esencialidad de los servicios sociales” y “la mejora del conocimiento y la gestión de la información para conocer con más detalle las distintas situaciones por las que atraviesa la ciudadanía y el impacto de las intervenciones de cara a diseñar mejores políticas públicas”.
También se eliminará el requisito del empadronamiento para acceder a los servicios sociales, puesto que “a una persona que necesita el Ingreso Mínimo Vital o una ayuda a domicilio no se le puede poner un requisito que perjudique el acceso a ese derecho”, y se agilizarán las ayudas a la urgencia social.
La norma fomenta la innovación social para que las mejores prácticas se vayan incorporando a la labor de los servicios sociales y la constitución de un sistema de gobernanza colegiada más robusto en el que entre las distintas administraciones competentes se dialogue y se tomen decisiones sobre cuestiones clave, como los estándares de atención, las ratios, los servicios, las prestaciones y la satisfacción de los usuarios.
Por último, la ministra mostró su confianza en que el anteproyecto pueda ser aprobado no muy tarde en segunda vuelta por el Consejo de Ministros, lo que permitirá su remisión a las Cortes Generales, donde esperó que cuente con un apoyo mayoritario, ya que es “muy importante para fortalecer uno de los pilares del estado de bienestar”.
No obstante, anticipó que “contará con la oposición de quienes quieren que nada cambie, como hemos visto en los últimos días”, lo que le dio pie a ratificar que “la mejor manera de responder a los enemigos de la democracia es avanzar en derechos y libertades”.
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