Poco después de los promocionados anuncios electoralistas del ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa -con los cuales intenta revertir el cuadro electoral que le muestran las encuestas- al menos nueve provincias (varias de ellas oficialistas) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicaron que no van a pagar a sus empleados públicos el bono de $60 mil que impuso el jefe de Hacienda, junto a otras decisiones, porque explicaron que en sus distritos ya se acordó con los gremios la aplicación de renegociaciones salariales contra el grave proceso inflacionario que atraviesa el país, y al que Massa sumó una devaluación del 22 por ciento luego de su derrota en las primarias.
Una de las primeras provincias que tomó distancia de la iniciativa gubernamental fue Misiones, pese a ser afín al oficialismo. Tucumán, donde gobierna el ex jefe de Gabinete nacional Juan Manzur, también adelantó que no dará la suba. En esa misma línea se expresaron el peronista Omar Perotti, quien hasta diciembre será gobernador de Santa Fe, y el entrerriano Gustavo Bordet.
Neuquén, gobernada por el Movimiento Popular Neuquino -hasta diciembre- seguirá ese camino junto a las peronistas La Pampa y Catamarca.
La mediterránea y opositora Córdoba informó que tiene un aumento incluido en el acuerdo salarial con los sindicatos, al igual que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde donde se señaló que en la Capital Federal tienen actualizaciones mensuales, por lo que no se analiza otorgar la bonificación.
Desde Jujuy, el ministro de Economía y gobernador radical electo, Carlos Sadir, fue otro de los que rechazó el incremento que entiende, tiene únicamente fines electorales. En el transcurso de las horas, fueron por el mismo rumbo estados provinciales como el de Salta y Chubut.
Lo mismo ocurre con muchas Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) que tienen sus cuentas en rojo y están transmitiéndole a la administración del ex Frente de Todos (hoy Unión por la Patria) que no están en condiciones de abonar esa cifra, que aunque se tenga que abonar en dos veces, en la sumatoria se hace muy difícil de solventar.
Casa Rosada, virtualmente intervenida por el ministro/candidato y la vicepresidenta Cristina Kirchner -con un Alberto Fernández fuera de juego- recibió en las últimas horas quejas y reclamos de otras firmas de mayor envergadura -muchas que integran la Unión Industrial Argentina- por esta misma razón. La de no tener capacidad de fuego para afrontar los pagos, y mucho menos de sostener los congelamientos regulatorios de precios que Massa aseguró que acordó con ellos, para luego ser desmentido. Los mismos intentan abarcar por 90 días, precisamente hasta después de los comicios del 22 de octubre, para los cuales el titular de Hacienda no repunta y desespera a los peronistas que quieren evitar -por todos los medios- volver a quedar en tercer lugar en esas próximas elecciones generales.
Juan Pablo Peralta, periodista acreditado permanente en Casa Rosada y el Parlamento de la República Argentina.
